Andalucía, debido a la una deficitaria gestión de residuos municipales, con unas ratios de recogida selectiva muy bajos y con unas infraestructuras de tratamiento en muchos casos obsoletas, se encuentran como una de las regiones de España con mayor porcentaje de residuos en vertedero.
Segun los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los residuos que generaron los municipios de Andalucía en 2018, el 75% terminaron en los vertederos, apunta Francisco Peula, responsable del Observatorio de Residuos Rethinking.ong. Todo ello, añade, tiene una importante consecuencia económica. “El valor de mercado de los residuos reciclables eliminados en vertedero alcanza los 150 millones de euros”, sostiene.
El Estado trata de poner pie en pared. El pasado 9 de abril publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ambiciosa Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular para trasponer la directiva de la Unión Europeoa (UE) de 2018 que “trata de invertir el modelo de sociedad en la que vivimos, basada en producir, usar y tirar bienes de consumo, en un modelo en el que se reduzca el consumo de materias primas, alargue la vida de los bienes y se reciclen los residuos que produzcamos”, agrega Peula.
La normativa establece unos objetivos para el año 2035, con unos hitos intermedios en los años 2025 y 2030, con la reutilización y el reciclado del 55% en peso y el 60%, respectivamente, relacionados con la recogida selectiva, el reciclado y los residuos, de manera que se prime la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, como la energética, desincentivando la eliminación, última opción, con el establecimiento de un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
El impuesto entrará en vigor a los tres meses de publicarse la ley y, según el portavoz de Rethinking.ong, será de aplicación a principios de 2023, “por lo que los ayuntamientos deberán incorporarlo en los presupuestos del año próximo”. Peula ha calculado que este nuevo gravamen, de 40 euros por tonelada métrica de residuos depositados en vertederos de residuos no peligrosos, obligará a pagar a las entidades locales andaluzas en 2023 cerca de 120 millones de euros.
En la provincia de Cádiz, este montante ascendería a 22,2 millones de euros. En concreto, en Jerez el incremento del coste asciende a unos siete millones, atendiendo a las 108.498 toneladas de residuos producto del rechazo de la planta de tratamiento y las 94.113 de vertido directo; en Los Barrios, habría que sumar al menos 6,5 millones, con 219.787 toneladas de rechazo; y, finalmente, en Miramundo, en Medina Sidonia, la factura se dispararía otros 8,6 millones de euros, con 287.430 toneladas de residuos que no se recuperan.
A esto se añade la posibilidad real de que los ayuntamientos puedan recibir sanciones, ya que no alcanzar los objetivos que marca la ley está considerada una falta grave, con multas de entre 2.000 y 100.000 euros.
“Las autoridades locales deben asumir con presteza sus obligaciones legales, con programas ambiciosos de concienciación para los ciudados y revisiones en profundida de todos los factores implicados en a gestión municipal de los residuos”, urge, por su parte, Daniel López Marijuán, miembro de Ecologistas en Acción.
“De no actuar con prontitud, las sanciones económicas, el encarecimiento de la prestación del servicio, el pago del impuesto por vertido y el colapso en las plantas de tratamiento mecánico biológico, es el nefasto horizonte que sobrevendrá”, augura.
El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, coincide en que es preciso actuar, pero lamenta “la imposición de un impuesto revolucionario” y la falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía para afrontar el incremento de la factura para la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras, o biorresiduos, bien mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario.
Si bien es cierto que la Administración autonómica ha abierto una línea de subvenciones para la adquisición de dichos contenedores y recursos materiales específicos, y a la que el Ayuntamiento de Jerez opta con una petición de casi un millón de euros y 1,8 millones más para la modernización de maquinaria, lamenta que no se haya resuelto todavía. Addemás, considera insuficiente el respado del Ejecutivo andaluz.
“Jerez tiene 4.500 contenedores y, las ayudas, nos cubrirían solo 1.500”, advierte. Además, “habrá que duplicar las nueve rutas de recogida actuales”, añade.
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, admite, igualmente, las dificultades para adaptar el servicio a las exigencias de la ley, pero asume que no hay tiempo que perder. “El 40% de los desechos generados en el hogar son de origen vegetal y animal y, por tanto, susceptibles de degradarse biológicamente”, sostiene.
“La degradación de este tipo de residuos, frutas, carnes, verduras, pescados, comida cocinada o en mal estado, cáscaras, pieles, huesos, o restos de infusiones, es una de las principales fuentes de generación de gases de efecto invernadero”, prosigue, de manera que “la apuesta por el quinto contenedor” es firme.
El Ayuntamiento isleño también opta a fondos europeos, concretamente a 427.000 euros para instalar el contenedor de color marrón, a los que sumará la aportación municipal de 211.000 euros, y reconoce que habrá que incrementar personal, tanto para la recogida como para la realización de nuevas labores de inspección.
Sin embargo, Cavada no prevé repercutir la subida de los costes en el recibo de los ciudadanos. José Antonio Díaz, tampoco. “En Jerez no se suben impuestos desde 2015 y no se van a subir”, afirma de manera categórica.
Rocío Sáez, responsable de las delegaciones de Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Movimientos Sociales y Distritos en el Ayuntamiento de Cádiz, quien adelanta que la recogida puerta a puerta de la quinta fracción se iniciará a modo de proyecto piloto en el casco histórico, abre la puerta, sin embargo, a elevar el gravamen a los grandes generadores de residuos, como supermercados, al tiempo que, como indica la alcaldesa de San Fernando y el concejal de Medio Ambiente de Jerez, será preciso modificar los contratos actuales de limpieza para que contemplen la nueva normativa. Sáez incorpora otro elemento al debate.
“No tiene sentido que los ciudadanos separen y los ayuntamientos hagamos recogida separada si las plantas de tratamiento no se han adaptado al texto”, advierte. José Antonio Díaz apunta, al respecto, que la planta de Las Calandrias ha presentado un proyecto por valor de un millón de euros para modernizar sus intalaciones.
El presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, informa, por su parte, que, del mismo modo, se han solicitado ayudas con cargo a los fondos Next Generation para conseguir financiación, y se está ejecutando un proyecto con una inversión superior a los siete millones de euros para adaptar laplanta de Miramundo a las directrices que establece la norma en cuanto a tratamiento selectivo. “La ejecución de este proyecto de mejora y adaptación persigue, además, el abaratamiento último de la tasa de tratamiento”, afirma optimista, que complementa a la de recogida, de ámbito municipal.
La Sierra es una isla
El desafío es, en definitiva, enorme. El portavoz de Ecologistas en Acción entiende la limitación en medios técnicos y recursos humanos ante una tarea “inaplazable” y para evitar “la subida insoportable de los costes de gestión y, por ende, de los recibos a pagar por los ciudadanos” reclama mayores esfuerzos.
De hecho, el compromiso de la Sierra de Cádiz, comprometido en el proyecto de Economía Circular, está ya dando resultados, con la obtención de un compost de excelente calidad gracias a la recogida selectiva puerta a puerta.
López Marijuán admite que, pese las reticencias de algunas alcaldías, como la de Bornos o Algodonales, la implicación municipal ha sido la tónica predominante y el tamaño reducido de los núcleos urbanos de localidades de menor población han permitido la implantación del sistema de una manera rápida y eficaz. Pero la clave, sin embargo, está, en primer lugar, en la movilización de recursos públicos.
La Junta de Andalucía ha destinado, no en vano, en torno a quince millones de euros, provenientes de la UE por medio de los fondos de la Iniciativa Territorial Intregrada (ITI). Por otro, ha sido fundamental para que se lleve a cabo con éxito la experiencia “la brutal campaña de concienciación ciudadana” y la facilitación de material específico para que sea posible. “La Sierra es una isla en cuanto al servicio de limpieza y en términos medioambientales”, celebra, “tanto en la provincia de Cádiz como en el conjunto de Andalucía”.
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