El recientemente fallecido Padre Gabriel Delgado sostenía que, “si un día despertáramos y los inmigrantes se hubieran ido a su casa, se tambalearía el sistema económico”. Las consecuencias del invierno demográfico en la provincia les otorga un papel clave. La población gaditana en edad de jubilación, hoy en 205.200 personas, multiplicará por cinco a la población de menores de cinco años en las próximas dos décadas, con 378.000 frente a 72.000. A largo plazo, el incremento de la natalidad es lo deseable para garantizar el relevo generacional en el mercado laboral. Pero revertir la tendencia no es cosa sencilla y llevará años. Hace unos meses, cuestionado al respecto, el director del Centro de Promoción y Empleo de la UCA, Luis López, que la papeleta nos la resolverá la inmigración, que engrosará los tramos de población activa con menor edad. En la actualidad, sectores como la hostelería, el transporte o la construcción acusan una falta de mano de obra acuciante.
Ante esta situación, El País avanzó el pasado 3 de junio, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en el borrador de un decreto ley para modificar el reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar la incorporación de inmigrantes al mercado laboral.
La filtración ha abierto el debate. Jerónimo Vicente Ruiz, coordinador de la Fundación Tierra de Todos, y Ana María Rizo, responsable del área de inmigración de la entidad, consideran que la información que ha trascendido por parte del departamento que dirige José Luis Escrivá “suena bien” en cuanto a la situación de irregularidad.
La reforma prevista modifica los requisitos para el arraigo social para extranjeros que llevan al menos tres años sin los papeles en regla. Vicente Ruiz, que se refiere a ese periodo de tiempo de manera irónica como “la licenciatura del emigrante”, considera que es del todo injusto. Además, es preciso contar con una oferta de contratación de un año; tras la reforma bastará que el trabajador cobre el salario mínimo. “Ahora, hay un negocio montado en torno con contrataciones falsas”, advierte Rizo, quien lamenta, asimismo, el exceso de burocracia. “Para la solicitud de un marroquí, hemos tenido que presentar 27 documentos”, lamenta.
El texto que prepara el ministerio también contempla la posibilidad de que se consiga la regularización a los dos años si se forma en algunos de los sectores necesitados de personal cualificado. Rosa Berger, portavoz de CCOO Andalucía, advierte de que esta propuesta no se puede llevar a cabo dado que para acceder a la formación reglada hay que estar inscrito previamente como desempleado y alguien sin los papeles no puede hacerlo.
En general, Berger considera que la iniciativa “es incompleta” y ofrece más dudas que certidumbres, por lo que, en la línea de las direcciones nacionales de los sindicatos mayoritarios, reclama diálogo al Gobierno central antes de seguir adelante.
“También se quiere facilitar la entrada de autónomos y empresas, pero eso puede ser un coladero que, además, cree falsas expectativas porque habrá que demostrar que son viables”, advierte.
No obstante, reconoce que el ministro pone el dedo en la llaga con respecto a la necesidad de la contratación en origen. En la actualidad, solo funciona, con limitaciones, en la llegada de temporeras. El Gobierno quiere ampliar los sectores y otorgar una autorización de cuatro años, y no uno por temporada, que le permitirá trabajar un máximo de nueve meses al año en una sola actividad. Berger advierte que este planteamiento puede ser contrario a la reforma laboral. Con la normativa actual, sostiene, habrán de ser contratadas como fijas discontinuas. Y, en cualquier caso, reclama la articulación de mecanismos transparentes para la selección del personal.
Por otro lado, la portavoz de CCOO Andalucía urge a modificar los criterios de elaboración del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que permite la contratación en origen sin necesidad de contar la autorización del servicio público de empleo constatando que no se encuentran perfiles similares en España, porque no refleja la demanda real del mercado laboral local. No en vano, en Cádiz, solo incluye oficios vinculados a la marina mercante o deportistas profesionales. También muestra reservas con que el texto dé oportunidades a los alumnos internacionales para trabajar de manera simultánea a sus estudios.
Berger subraya, en general, que la modificación del reglamento no puede considerar a los extranjeros “de manera utilitarista. Los inmigrantes no pueden servir para darle viabilidad a las empresas que no lo son”, remarca, y reivindica que “deben generar derechos”. Los responsables de Tierras de Todos coinciden con Berger y alertan de la posibilidad de que se mantengan las discriminaciones existentes entre “inmigrantes de primera y de segunda categoría”. Al respecto, indican que los extranjeros con formación que ocupan trabajos cualificados “no tiene problemas con el reglamento actual”, mientras que los que están en situación irregular pueden estar trabajando durante años sin cotizar y, a todos los efectos, son invisibles para las administraciones.
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