La mujer que cuidó a la tía política del actor Luis Lorenzo en sus últimos meses de vida y cuya implicación en su muerte se investiga se ha acogido este martes a su derecho a no declarar, alegando que ya compareció ante la juez en calidad de testigo.
Esta cuidadora pasó de testigo a investigada el pasado 19 de julio, cuando así lo consideró la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la localidad madrileña de Arganda del Rey, que instruye la causa de la muerte de María Isabel Suárez, quien según la Guardia Civil pudo ser asesinada por el actor y su pareja, Arancha Suárez, para obtener su dinero.
La autopsia reveló que el cuerpo tenía cantidades muy elevadas de cadmio y manganeso y apuntó como causa de la muerte un "envenenamiento" de "etiología homicida", aunque después se han hecho varios informes tras los que dos forenses han explicado que esta es una posibilidad y no se puede descartar totalmente que la muerte fuera por causas naturales.
En su primera comparecencia en el juzgado, el pasado 15 de junio, la cuidadora ahora investigada relató el "empeoramiento" que sufrió la difunta es sus últimos meses de vida, en los que pasó de ser autosuficiente a ser dependiente.
Este martes ha declarado ante la juez la primera mujer contratada por la pareja investigada para cuidar a María Isabel, quien ha asegurado que la difunta nunca le manifestó que se encontrase encerrada o que se quisiese ir de Madrid, según han informado a Efe fuentes de la defensa.
Esta cuidadora ha explicado que tan solo estuvo una semana trabajando en la casa, pues tuvo mala relación con Arancha Suárez, que, según su relato, tenía la casa sucia y con poca comida.
Ha añadido que en una ocasión vio como María Isabel fue a un baño que se encontraba en el garaje de la casa, según las fuentes de la defensa, que destacan a Efe que las declaraciones están derivando en este tipo de detalles que no demuestran que los investigados dañasen a la anciana ni la envenenasen.
El hermano de la fallecida, quien interpuso la denuncia que inició la investigación de la Guardia Civil ante sus sospechas de que las causas de la muerte no eran naturales –como certificó un médico en Madrid–, se ha ratificado este martes en su denuncia.
Por otra parte, también han comparecido ante la jueza una de las responsables del análisis de metales pesados en el cuerpo de la fallecida que realizó el Hospital Gómez Ulla, que ha explicado que una posibilidad es que la presencia de cadmio en sangre en cantidades 200 veces por encima de lo normal se debiese a un trasvase "post mortem".
No obstante, la responsable de dicho estudio ha precisado que ella considera que esa es una posibilidad remota y que para llegar a conclusiones contundentes se debería proceder al análisis del riñón de la difunta, han detallado a Efe fuentes de la acusación.
También ha declarado ante la jueza uno de los notarios a los que acudieron la pareja de investigados para solicitar una ampliación de poderes, que ha señalado que se negó al considerar que María Isabel no tenía capacidades volitivas ni cognitivas para ello.
Sin embargo, de acuerdo con las mismas fuentes, ha dicho que los investigados no le notificaron que, cuando acudieron a su la notaría, venían de otra en la que también se habían negado a realizar la ampliación de poderes, subrayan las fuentes de la acusación.
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