El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, que estuvo tres meses encarcelado en 2012 por el caso ERE, es uno de los 16 ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenado por este caso de corrupción política y el que tiene la mayor condena de prisión.
El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la sentencia de noviembre de 2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto a Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010, que se eleva a 7 años, 11 meses y un día de cárcel por malversación y a 19 años, 6 meses y un día de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por prevaricación.
El caso ERE se refiere a las ayudas fraudulentas que la Junta concedió a empresas en crisis a través de expedientes de regulación de empleo.
Fernández, criado en un barrio obrero de Jerez y vinculado al PSOE desde los años ochenta como concejal en el Ayuntamiento de Jerez, fue el cargo autonómico de mayor rango encarcelado por presunta corrupción cuando en abril de 2012 la primera instructora del caso ERE, la jueza Mercedes Alaya, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza tras acusarle de seis delitos.
Abandonó la prisión tres meses y medio después tras reunir el dinero de la fianza (450.000 euros) "gracias a cientos de aportaciones individuales" de sus amigos, según admitió Fernández.
Fernández, que fue viceconsejero de Trabajo desde 1995 hasta 2004 y consejero de Empleo desde entonces hasta 2010, se defendió en el juicio de la pieza política del caso ERE descargando en "los técnicos" parte de las decisiones que lo han llevado al banquillo.
Reconoció que los convenios con las empresas para dar las ayudas, como presidente del ente instrumental IFA, pasaban por sus manos, aunque dijo que "no se entretenía en leer ninguno de los papeles por imposibilidad material y por innecesariedad".
Su nombre figuró inicialmente en el listado de 94 trabajadores beneficiarios de una póliza de prejubilación subvencionada por la Junta con motivo del ERE promovido por la bodega jerezana González Byass , de la que era trabajador en excedencia, pero no percibió los 386.000 euros a los que, a su juicio, tenía derecho porque no llegó a firmar el boletín de adhesión a la póliza, en la que, por error, la fecha de antigüedad en la empresa coincidía con la de su nacimiento.
El exconsejero, de 65 años y licenciado en Derecho, no ha dejado de acumular cargos y acusaciones por las diferentes piezas sobre ayudas concedidas a empresas de los ERE donde se ha visto inmerso, de las que en su mayoría ha sido excluido por la doctrina de la Sección Séptima de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
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