El Tribunal Supremo confirma la condena a seis años de cárcel para José Antonio Griñán y nueve años de inhabilitación para Manuel Chaves por el caso ERE. Lo ha hecho con un tribunal dividido ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y tras el visto bueno de los magistrados Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres y el voto en contra de Ana Ferrer y Susana Polo, quienes optaban por dejar absuelto a Griñán del delito continuado de malversación, revocando así la pena de prisión.
El alto tribunal envía a la cárcel al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo. También irán a prisión los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, además de los directores generales Miguel Ángel Serrano Aguilar y Juan Márquez, quien ve rebajada su pena de siete a tres años.
No entrarán en prisión pero sí quedan inhabilitados el expresidente Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez y el exviceconsejero de Economía José Salgueiro.
El Supremo absuelve a tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, que ocuparon la Secretaría General Técnica.
El caso de Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 y exdirector general de Trabajo, queda extinguido.
Al Constitucional
Ya el abogado José María Calero, defensa de Griñán, ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional el fallo del Supremo, ya que “Griñán nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos, no ha conocido que alguien lo cogiera ni tiene relación con ningún hecho delictivo”.
También se plantea presentar un “incidente de nulidad” de la sentencia del Supremo si hubiese una “vulneración de derechos” o incluso pedir un indulto al Gobierno de la Nación. Precisamente, la ministra-portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, ha rechazado hacer “hipótesis” sobre la posibilidad de ese indulto y ha apelado a la necesidad de actuar con “rigor”, incidiendo en que elucubrar sobre una posible medida de gracia sería “avanzar muchas pantallas”.
Origen del caso
Esta sentencia del Supremo, que será argumentada previsiblemente en septiembre, trata de poner punto y final a once años de procesos judiciales. Todo empezó al identificarse irregularidades en un ERE en Mercasevilla tras unas escuchas telefónicas. A partir de ahí se destapó una red clientelar de miembros de gobiernos socialistas que concedían ayudas fraudulentas a empresas en crisis. El PP lo denunció durante años.
Los delitos de malversación se llevaron a cabo entre los años 2000 y 2009, tiempo en el que se permitió el reparto arbitrario de 680 millones de euros.
Según la resolución de la Audiencia de Sevilla de 2019, los expresidentes Chaves y Griñán eran conscientes de la “palmaria ilegalidad” de un presunto sistema ilegal de subvenciones para la concesión de ayudas sociolaborales.
Golpe al PSOE andaluz
Desde el PP han tildado durante los últimos años de “enmienda a la totalidad” de la Justicia a los gobiernos del PSOE en Andalucía. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha dicho que “acata” la sentencia, que es un “día doloroso” y ha querido dejar clara la “honorabilidad” de Chaves y Griñán porque “no se llevaron nada”.
Espadas ha defendido que “el que no haya unanimidad de los magistrados del Supremo justifica que hay distintas opiniones jurídicas, incluso en la sala a la hora de valorar los delitos de las personas que están en ese proceso”. También ha resaltado que ha quedado demostrado que “en ningún caso el PSOE se ha financiado de manera ilegal, ni los expresidentes ni consejeros se llevaron dinero” aunque “se hayan podido cometer errores”.
Mismo mensaje desde Ferraz. La nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido la “honestidad” de los dos expresidentes andaluces condenados y ha pedido al PP “pudor” por tener una sede en la calle Génova “pagada con financiación ilegal”.
Precisamente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no va a utilizar la sentencia de los ERE en Andalucía para desacreditar al PSOE. “La justicia ha dictado sentencia y las urnas también”, ha comentado.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que es un “día agridulce” porque por un lado presentaba a su nuevo gobierno y por otro “volvía a aparecer Andalucía a nivel nacional por casos de corrupción”. Moreno ha querido dejar claro que el caso ERE “es tema pasado y no volverá a pasar más”.
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