La juez de instrucción 10, en un auto al que ha tenido acceso Efe, insiste en que el comunicado público de Montalbán que es objeto de la denuncia "puede ser constitutivo, al menos, de una falta de vejaciones injustas", que debe ser juzgada por el Supremo puesto que Montalbán, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es aforada.
El auto dice que el comunicado en el que Montalbán criticaba al juez de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, por denunciar las carencias de la Ley Integral contra la Violencia de Género "excede el ánimo de informar y el ejercicio lícito del derecho a la crítica y deber de informar".
Así, cita que la presidenta del Observatorio emitió un comunicado con "frases y expresiones que pueden atentar contra el honor y la libertad del señor Serrano", en concreto cuando afirmó que las declaraciones del juez "carecen de rigor y fundamento alguno, denotan falta de conocimiento de las estadísticas judiciales y de las características del maltrato a la mujer".
Por tanto, la juez rechaza el recurso de la Fiscalía tanto en la forma como en el fondo, pues también considera que en este caso no es precisa "la práctica de diligencia alguna de investigación" ya que basta con incluir el comunicado objeto de la denuncia, que además fue colgado en la página web del CGPJ.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, recurrió la admisión a trámite de la denuncia porque entendía que "no existe relevancia penal alguna en los hechos denunciados", que consideraba amparados en la libertad de expresión de Montalbán.
La fiscal también dijo que la juez debería haber hecho "una exposición razonada acompañando la remisión" al Supremo, lo que no hizo.
El juez Serrano ha criticado públicamente la Ley contra la Violencia de Género porque, a su juicio, favorece las denuncias falsas y "estigmatiza al hombre por el hecho de serlo".
El abogado del juez, Joaquín Moeckel, ha informado hoy a Efe de que este auto no es firme porque la Fiscalía anunció un recurso subsidiario de apelación ante la Audiencia provincial.
El letrado ha insistido en que la Fiscalía "debe ser parte para cuestiones de competencia territorial o funcional, pero no en faltas o delitos que afectan a la esfera privada", asunto en el que varias circulares del Fiscal General del Estado han aconsejado no intervenir.
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