EH Bildu pretende abordar el inicio de los GAL al pactar con el Gobierno, en una de las enmiendas de la ley de Memoria Democrática, la ampliación de su aplicación temporal de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de esta organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA.
En concreto, esta enmienda plantea designar en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos "a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983" y "que señale posibles vías de reconocimiento y reparación".
Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales que habían pactado de forma conjunta la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia.
Fuentes de EH Bildu han confirmado a Efe que, al ampliar un año este margen temporal en la enmienda pactada recientemente con el Gobierno, hasta finales de 1983, pretenden abordar el inicio de los GAL.
Los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) son una organización terrorista que comenzó a actuar a comienzos del mes de diciembre de 1983, durante el Gobierno de Felipe González, cuando tres individuos secuestraron en su domicilio de Hendaya (Francia) a Segundo Marey, vinculado a los círculos vasco-españoles residentes en Francia.
En otra de las enmiendas pactadas con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, EH Bildu propone la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de la Cumbre, donde "torturaron" en 1983 a los miembros de ETA Lasa y Zabala, según ha recordado en rueda de prensa la portavoz abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
Precisamente, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala desaparecieron en diciembre de 1983, dentro del límite de aplicación temporal de la ley de Memoria Democrática, y el GAL reivindicó su asesinato en enero de 1984.
Preguntado sobre si están de acuerdo con abordar la guerra sucia de los GAL contra ETA a través de la ley de Memoria Democrática, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, se ha limitado a comentar que el espacio temporal acotado es el oportuno para "profundizar y esclarecer" hechos de forma "rigurosa y pormenorizada".
Además, ha pedido prudencia respecto a la redacción definitiva de la ley, ya que este martes se han aprobado enmiendas en la ponencia pero queda pendiente aprobar el dictamen en comisión el lunes 4 de julio y, más adelante, la aprobación definitiva de la norma en el pleno del Congreso.
Fuentes socialistas y de Unidas Podemos han advertido de que el límite temporal establecido para la aplicación de la ley en la enmienda pactada con EH Bildu no señala casos concretos.
Por su parte, fuentes de Más País, que ha pactado también en representación del grupo plural la enmienda, ponen como ejemplo la posibilidad de abordar casos como los asesinatos en mayo de 1981 de tres jóvenes a manos de la Guardia Civil que viajaban en coche desde Cantabria a Pechina (Almería).
Más allá de la polémica que pueda haber con la aplicación de esta enmienda, lo cierto es que el acuerdo alcanzado con EH Bildu ha permitido al Gobierno salvar la ley de Memoria Democrática sin que sea necesario el apoyo de ERC, que se ha abstenido en la votación en ponencia.
La ley cuenta con el rechazo del PP, que ha criticado su "revisionismo", y de Vox y Ciudadanos, que además han cuestionado el acuerdo cerrado con EH Bildu.
"Ni es memoria ni es democrática, y el hecho de que Bildu esté involucrado (en esta ley) nos indica el grado de falta de vergüenza que tiene este Gobierno", ha denunciado en rueda de prensas el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha dicho que el pacto del Gobierno con EH Bildu es "repugnante y asqueroso" y ha acusado al PSOE de estar dispuesto a "acabar" con la historia de España "con tal de mantenerse en el poder".
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