El proyecto para urbanizar 56,2 hectáreas de suelo a lo largo de dos kilómetros en la playa de Quitapellejos, en Cuevas del Almanzora (Almería), y dotarlas con las infraestructuras necesarias para la edificación de 1.600 viviendas y de un hotel ha entrado en trámite ambiental a instancias de la junta de compensación que integran más de 60 propietarios, y que preside la mercantil Bahía del Almanzora SL.
El Plan Parcial del sector PA-4 de Palomares fue aprobado por el ayuntamiento cuevano en 2008 y el proyecto de urbanización, que es paso previo a su desarrollo residencial, debe someterse a autorización ambiental unificada. El plazo de información pública para formular alegaciones está abierto hasta el 26 de julio.
Según la documentación consultada por Europa Press, la urbanización del sector, que incluye la construcción de paseo marítimo en un tramo de costa que abarca desde la Rambla del Jatico hasta la desembocadura del Río Almanzora, cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y con un presupuesto que asciende a más de 11,7 millones de euros.
La capacidad de edificación prevista es de 936 viviendas plurifamiliares con altura de cuatro plantas y sobre una parcela de 12,23 hectáreas, así como 664 viviendas unifamiliares en parcelas que suman 8,7 hectáreas. Hay también uso hotelero en una parcela de 0,8 hectáreas y se proyecta también una gasolinera.
El suelo dotacional para este sector se reparte en 202.661 metros cuadrados de espacios libres que se dedicarán tanto a zonas verdes como a áreas de juegos ya que se prevé un parque infantil de 1.700 metros cuadrados.
Por otro lado reserva, 20.00 metros cuadrados educativos, 12.800 metros cuadrados deportivos, 5.700 metros cuadrados comerciales y 9.500 metros cuadrados de dotación social. Asimismo, el Plan Parcial recoge capacidad para casi 1.000 plazas de aparcamiento en el viario.
El estudio de impacto ambiental presentado por la junta de compensación para evaluación de la administración autonómica valora este como de "baja magnitud" dada la "degradación antrópica" de la zona y sostiene que el proyecto no afecta a ninguna zona de especial protección para aves (ZEPA), ni a lugares de interés comunitario LIC, ni a zonas designadas como de especial conservación.
No obstante, remarca que la "única repercusión negativa" sobre las praderas de posidonia y, por ende, sobre la ZEC 'Fondos marinos del Levante almeriense", se evitaría "con la red de saneamiento prevista" y la EDAR de Palomares-Villaricos, lo que, según indica, "garantiza la inexistencia de vertidos".
El documento sí reseña un informe de la Delegación de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería que condiciona la ejecución de la obra a que se lleve a cabo en su transcurso una "actividad arqueológica preventiva", cuyo proyecto debe ser autorizado, y que marcara su desarrollo debido a que, a un kilómetro al norte, se localiza el yacimiento arqueológico de Villaricos que abarca desde la Edad del Hierro hasta la época romana.
El estudio de impacto ambiental también apunta que parte del sector a urbanizar se localiza dentro de alguna figura de protección del Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Levante almeriense y que la zona no es inundable.
Por último, destaca que dentro del sector existe una zona de arbolado de pinos y eucaliptos que tilda de "escaso valor ecológico", pero con un "importante carácter paisajístico y visual tal que, las Normas Subsidiarias de Cuevas del Almanzora determinan el mantenimiento de esta masa forestal de unos 40.000 metros cuadrados, siendo necesario realizar una tala cuidadosa, para mantener esta zona y conservar el aspecto de un bosque natural".
Sobre estas 56,2 hectáreas se proyectó hace más de dos décadas una urbanización de lujo que, con el nombre de Puerto Marques, seria rebautizada después como 'minivenecia' ya que el proyecto vendía que cada vecino podría llegar a la puerta de su casa en barco a través de canales marinos artificiales. Fue desestimado al recibir informes sectoriales desfavorables de Costas y de Medio Ambiente debido al proceso de erosión costero y el Tribunal Supremo (TS) desestimó años después que la administración debiese indemnizar a la promotora.
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