Trabajadores del centro de salud de San Benito se han concentrado este viernes a las puertas de las dependencias de atención primaria para rechazar la agresión que el pasado martes sufrió un compañero de la Unidad de Atención Ciudadana. Los hechos los protagonizó un usuario que acabó rompiendo la mampara del mostrador tras amenazarle e insultarle al pedirle que sacara número para atenderlo.
La protesta convocada por CSIF, y que también han respaldado Sindicato Médico de Cádiz, CCOO y UGT, ha contado con la presencia de la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, y director del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso,
En declaraciones a los medios, Paredes, que estaba acompañada por parte del equipo directivo del centro, ha mostrado su apoyo “a todos los trabajadores” y ha condenado este nuevo episodio violento “con unas características que en pleno siglo XXI no proceden”. En este sentido, ha recordado que el SAS activó el Plan de Prevención de Agresiones nada más trascender lo ocurrido tras ser aprobado “por unanimidad” en la mesa sectorial.
La titular de Salud en la provincia ha subrayado las consecuencias que suponen estas agresiones en el ámbito sanitario, pues al estar calificadas como delito de atentado a la autoridad puede conllevar “penas de internamiento en centro penitenciario de 1 a 3 años”. De igual manera, precisa Paredes, en caso de que el trabajador se hubiera dado de baja, el presunto agresor tendría que “indemnizarlo”, al igual que deberá correr con los gastos de los destrozos que ha provocado en el centro, y por el que el centro de salud presentó la correspondiente denuncia.
Paredes también ha respondido a la demanda de los sindicatos para que los centros de salud tengan vigilancia permanente y no en horario de mañana, puesto en el de tarde se turnan por más dependencias de atención primaria del área, tal y como aseguran desde CSIF.
En este sentido, la delegada provincial de Salud ha explicado que estas problemáticas se gestionan a través de una “comisión provincial con una persona responsable en cada área de las agresiones y en la que se estudian las necesidades de cada centro”.
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