Cuatro meses después de que ayuntamientos y entidades públicas presentaran las correspondientes alegaciones cuestionando la viabilidad del parque eólico que promueve Bahía de Plata Real State 217 S. L. entre Cádiz y Rota, a 5,7 kilómetros de la playa de la Caleta y 4,1 de La Costilla, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC) no las ha resuelto todavía.
Cabe recordar que, entre otras alegaciones, Capitanía Marítima advirtió de que la instalación crearía una barrera para los buques que entran de poniente y reduciría el canal de navegación al norte, cerrando el a barcos de gran tamaño y creando riesgo para las embarcaciones menores. Además, tres de los 18 aerogeneradores inhabilitarían el fondeadero del puerto de Cádiz.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz denunció la ausencia de un análisis comparado de las alternativas técnicas y del emplazamiento, así como dudas ante la viabilidad técnica del proyecto y la falta de garantías que responda a las necesidades y el bienestar de la población de la Bahía.
Los gobiernos municipales de Rota y El Puerto pusieron de relieve el fuerte impacto ambiental y paisajístico, ecológico y en otras actividades económicas como el turismo, el tráfico marítimo o la pesca y la Defensa Nacional, por un lado, y la subestimación del impacto global, en general.
Ecologistas en Acción, finalmente, consideró que el parque eólico marino no es asumible y señaló que Green Stone Renewable, firma que rubrica el anteproyecto, carece de solvencia técnica para asegurar el desarrollo y la ejecución de la iniciativa.
Asimismo, la organización acusó a la empresa de aprovecharse de una laguna administrativa para sortear a Demarcación de Costas y concluyó que habría que someter el proyecto a la planificación vinculante de los planes de ordenación del espacio marítimo.
Precisamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto recientemente una consulta pública al respecto para garantizar la participación efectiva de los agentes públicos y privados u, en particular del sector eólico y de las energías del mar y del resto de usuarios del mar, incluyendo la pesca, la acuicultura o la navegación para establecer el marco normativo para el desarrollo de las instalaciones eólicas marinas y de las energías del mar.
La inquietud sobre estas instalaciones no es exclusiva en la Bahía de Cádiz. Ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Mixto presentó para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación una Proposición no de Ley sobre el apoyo al sector pesquero frente a la instalación de parques y complejos eólicos en caladeros y espacios marinos protegidos en el Caladero Nacional Cantábrico-Noroeste.
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