El Instituto Andaluz de Administración Pública, entidad adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha suscrito un convenio de colaboración con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en materia de formación y evaluación por el que, entre otras cuestiones, se contemplan acciones formativas dirigidas a los empleados públicos sobre aspectos como el "control del fraude".
Así se recoge en el contenido de este convenio suscrito por la directora del citado instituto, María del Mar Caraza, y el director de la Oficina, Ricardo Vicente Puyol, y consultado por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En el convenio se subraya que entre las funciones de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción están las de "estudiar, promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública mediante la redacción de un código ético o de buenas prácticas, con la finalidad de prevenir el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros".
También, la de "colaborar en la formación de las personas incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación en materia de prevención y actuación respecto del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como en lo relativo a la debida gestión de los fondos públicos".
Tanto el Instituto como la Oficina ven la formación como "uno de los componentes fundamentales de la estrategia para prevenir la corrupción y mejorar la integridad en el sector público y en la ciudadanía", de forma que ambas partes "consideran importante la colaboración entre ambas instituciones mediante un convenio para el diseño e impartición de actividades formativas dirigidas a formar y sensibilizar a los empleados públicos en aquellos aspectos esenciales sobre la prevención, el control del fraude y las necesidades en relación con los proyectos financiados con fondos europeos y 'Next Generation'".
Y es que, según se indica en el convenio, para acceder a dichos fondos europeos 'Next Generation EU' orientados a la reparación de "daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia del coronavirus" en el seno de la Unión Europea, "los Estados miembros deben formular y comprometerse a ejecutar un plan nacional de transformación y resiliencia, en el que debe concretarse un sistema para prevenir, detectar y corregir la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses cuando se utilizan los fondos".
Desde esa premisa, el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Oficina antifraude han suscrito este convenio para "articular un marco de colaboración" entre ambas entidades "para el diseño e impartición de actividades formativas dirigidas a formar al personal empleado público en aquellos aspectos esenciales sobre la prevención y el control del fraude, además de conocer las necesidades en este tema para la gestión de proyectos financiados con fondos europeos y 'Next Generation', así como en cualquier otro ámbito de interés mutuo relativo al fortalecimiento de la Administración pública y mejora de la gestión pública".
ACTIVIDAD FORMATIVA
Con "carácter general", el Instituto y la Oficina se comprometen con este convenio a "fomentar conjuntamente la realización de trabajos de investigación, estudios, publicaciones y difusión de resultados en materias de interés común", así como a "organizar, en los términos que en cada caso se determinen, congresos, jornadas, seminarios, coloquios y reuniones científicas sobre materias de interés común, particularmente en el ámbito de la lucha contra el fraude, la corrupción, la protección de las personas denunciantes y la promoción de la ética y la integridad públicas".
En el marco de los proyectos financiados con fondos europeos y 'Next Generation', las partes que suscriben este convenio se comprometen a "realizar un análisis detallado de lo que otras administraciones públicas están realizando para la definición del Plan de medidas antifraude y de posibles guías de buenas prácticas en relación con los fondos europeos y 'Next Generation'".
También, a "conocer el contenido mínimo que ha de tener un plan de medidas antifraude y la guía de buenas prácticas para la gestión de los proyectos financiados con fondos europeos", así como a "identificar las necesidades formativas en materia de antifraude del personal de la administración pública andaluza", y a "realizar una propuesta de programa formativo destinado a capacitar a los centros directivos para la realización de un plan de medidas antifraude".
Igualmente, el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Oficina contra el Fraude y la Corrupción se comprometen con este convenio a "diseñar y organizar jornadas, reuniones, conferencias, entrevistas y diversas actividades formativas necesarias para llevar a cabo la propuesta formativa del personal de la Administración general", y a "facilitar la participación del personal de ambas instituciones en las acciones formativas que se organicen".
En particular, el Instituto se compromete a "buscar información, documentación y experiencias sobre lo que están haciendo otras administraciones públicas en materia antifraude para la gestión de los fondos europeos y 'Next Generation'", así como a "concertar reuniones con el centro directivo competente en materia de fondos europeos para determinar el alcance del plan de medidas antifraude y el contenido de la guía de buenas prácticas exigidos para su gestión".
Asimismo, el Instituto se compromete en este convenio a "analizar las estrategias y planes de formación que en esta materia han realizado otras administraciones públicas"; a "recoger las valoraciones de personas expertas sobre las necesidades formativas y la planificación para llevarlas a la práctica", y a "elaborar una propuesta de programa formativo para el Plan y la gestión del fraude asociada a la gestión de proyectos financiados con fondos europeos y 'Next Generation'".
COMPROMISOS DE LA OFICINA ANTIFRAUDE
La Oficina, por su parte, se compromete a "colaborar en la búsqueda de información sobre lo que están haciendo otras administraciones públicas en materia de medidas antifraude para la gestión de los proyectos financiados con fondos europeos y 'Next Generation'", así como a "proponer personas expertas en materia antifraude que participen en el estudio que se va a realizar aportando sus experiencias y conocimientos técnicos"; a "determinar el marco legal y competencial que en esta materia ha de contemplarse en Andalucía" y, finalmente, a "asesorar e informar sobre los estudios que se quieren realizar".
Para la ejecución de este convenio, "las partes asumen sus obligaciones económicas en función de sus disponibilidades presupuestarias", de forma que "el Instituto asumirá los gastos que se generen en la organización de las reuniones y en la participación de los ponentes en las jornadas, mientras que la Oficina "asumirá aquellas obligaciones de contenido económico que puedan surgir de los instrumentos específicos de colaboración o de acciones formativas concretas, dentro de sus disponibilidades presupuestarias".
El convenio contempla también la constitución de una comisión de seguimiento del mismo para "resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan derivarse de su aplicación", que estará integrada por dos miembros de cada una de las partes y presidida por la persona titular de la dirección del Instituto o persona en la que delegue.
Este convenio será "eficaz desde el momento de su firma", y sus disposiciones tendrán una vigencia de cuatro años, "pudiendo ser prorrogado por acuerdo unánime de las partes hasta un máximo de cuatro años".
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