El juez Santiago Pedraz ha pedido a las autoridades estadounidenses poder interrogar como testigo al exjefe de la CIA Mike Pompeo en la causa en la que investiga el presunto espionaje al fundador de Wikileaks Julian Assange durante su asilo en la embajada de Ecuador en Londres a través de una empresa española, Undercover Global (UC Global).
En una providencia, fechada 1 de junio y a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado, a petición de la acusación que ejerce Assange en este procedimiento, ampliar la comisión rogatoria que envío hace casi dos años para que le permitan tomar declaración como testigos a Pompeo y a uno de sus subrodinados, el ex jefe de contrainteligencia William Evanina.
A la espera de que Estados Unidos responda a esta última petición de auxilio judicial, Pedraz ha llamado a declarar el próximo 30 de junio a la exministra de Exteriores de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas María Fernanda Espinosa Garcés.
Para pedir la declaración de ambos exresponsables de la contrainteligencia estadounidense, la representación de Assange se basa "en el escándalo mayúsculo que se había generado en Estados Unidos ante la confesión" de Evanina, y la posterior confirmación de Pompeo, de que "Estados Unidos tenía acceso a las cámaras de la Embajada de Ecuador en Londres, a grabaciones de conversaciones dentro de la misión, a los dispositivos de las visitas y a los documentos de viaje de todos ellos, habiendo llegado a planear incluso el asesinato o el secuestro del asilado".
Según el escrito del abogado de Assange, al que también ha tenido acceso Efe, "en esas declaraciones evidentemente se señalaba a UC Global como parte de la trama. Y de hecho el escándalo ha propiciado que el Comité de Inteligencia (United States House Permanent Select Committee on Intelligence) del Congreso de los Estados Unidos (House of Representatives) haya solicitado información al respecto de esta operación en la que estaría involucrada una mercantil con sede social en España".
Especifica además que pide su declaración como testigos porque, si bien podría considerarse citarles como investigados, "ello no es posible al ser un posible delito cometido por extranjero en país extranjero" por lo que España carecería de jurisdicción.
No obstante, insiste en que el testimonio de ambos "es necesario para la instrucción de esta causa, y todo ello por haber quedado acreditado que son conocedores directos, y así lo han confesado públicamente".
Por este presunto espionaje está siendo investigado en la Audiencia Naciona el dueño de la empresa UC Global, David Morales, tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por estos hechos en 2019 por Assange, cuya defensa coordina el exjuez español Baltasar Garzón.
Su empresa se encargó de la seguridad de la sede diplomática ecuatoriana en Londres entre 2015 y 2018, durante parte de los siete años que Assange estuvo asilado en esa legación, protegido por el Gobierno del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa.
La Justicia británica dio el visto bueno el pasado abril para su extradición a Estados Unidos, si bien cabe recurso y después la entrega tiene que validarla el Gobierno británico.
Washington reclama a Assange para procesarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal sobre los abusos de EE.UU. en su centro de detención de Guantánamo (Cuba) así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
El exhácker, cuyo portal también reveló cientos de miles de cables diplomáticos confidenciales de Gobiernos de todo el mundo, afronta una condena en Estados Unidos de 175 años de cárcel.
La batalla legal de Assange comenzó en 2010 cuando desde Suecia fue acusado por supuestos delitos sexuales,, y que derivó en un arresto domiciliario y su asilo en la embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2019, cuando se archivó la causa de Suecia, para pasar después a la prisión Belmarsh tras ser aprehendido de nuevo a petición de Estados Unidos.
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