El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha negado que la Ley de Seguridad Nacional vulnere derechos fundamentales y competencias autonómicas, a la vez que ha pedido el apoyo de los grupos para rechazar las enmiendas a la totalidad y que la norma pueda ser aprobada cuanto antes para poder afrontar cualquier crisis.
Lo ha hecho en el pleno del Congreso durante la defensa del proyecto de modificación de la ley de seguridad nacional de 2015 que permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis.
La Cámara Baja debate este jueves las dos enmiendas a la totalidad de JxCAT y de ERC así como la enmienda con texto alternativo del grupo republicano a la norma, que no contenta ni a los partidos de derecha ni a los de izquierda.
Bolaños ha iniciado su intervención enfatizando la importancia del debate y de la norma que da marco legal a la defensa de España, de sus principios y sus valores constitucionales, y ha precisado que se trata de una modificación puntual y específica que no afecta al contenido esencial de la ley de 2015.
Únicamente -ha explicado- pretende garantizar que los recursos estratégicos sean los adecuados y dotar al Estado de herramientas para que pueda anticiparse a las crisis y le ayude en la toma de decisiones, después de las lecciones aprendidas con la pandemia y ante la situación que estamos viviendo por la guerra de Ucrania.
El ministro ha dicho no entender algunas de las críticas que subyacen en las enmiendas a la totalidad o que se han hecho públicamente y, tras reconocer que el texto es mejorable, ha insistido en que la reforma de la ley es "imprescindible" para estar preparados cuando se produzca una crisis.
En cuanto a la supuesta vulneración de las competencias autonómicas planteadas por los partidos independentistas, ha asegurado que los mecanismos establecidos por la ley de 2015 no son objetivo de esta reforma, por lo que nada cambia en esa materia, y ha recordado que aquella ya fue avalada por el Tribunal Constitucional.
"No hay menoscabo alguno de competencias autonómicas, muy al contrario, se refuerza en materia de coordinación", ha subrayado Bolaños, que ha argumentado que 8 de los 11 nuevos artículos hacen referencia a la participación de las comunidades.
En cuanto a otras objeciones sobre que debería ser una ley orgánica, ha señalado que no afecta a ningún derecho fundamental sino que desarrolla un artículo de la ley vigente que es ordinaria, y ha rechazado también que se dote de facultades "desorbitadas" a la Presidencia del Gobierno, ya que en este asunto, "no se toca ni una coma" de la de 2015.
"Merece que se trate con mucho rigor, que la discutamos para mejorarla y que aprendamos de las lecciones que la pandemia nos ha enseñado y que ahora la guerra de Ucrania nos está enseñando", ha pedido Bolaños.
El texto del proyecto de ley incide en que la reforma da cumplimiento al mandato que la propia ley exigía de regulación de los recursos, además de adaptarse a la experiencia vivida por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
Y es que con la nueva regulación, el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que cuenta y se asegura que la movilización de los recursos se lleva cabo de forma "eficiente e integrada".
Además, el texto de la ley señala que la contribución de recursos se realizará en coordinación con las comunidades autónomas que, además de aportar medios humanos y materiales, intervendrán en las fases de planificación y gestión de los mismos.
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