El Parlamento de Andalucía, que cumplió 40 años el pasado mes de febrero, no ha contado en sus once legislaturas con ningún representante público gitano. Un contradiós dado que, en en la comunidad autónoma, se estima que hay 350.000 ciudadanos pertenecientes a esta etnia.
“La presencia en general en los partidos políticos deja que desear”, lamenta Pedro Agarrado, presidente de la Fundación Secretariado Gitano en Jerez, aunque destaca los nombres de Antonio Montero, ex concejal del PP, y Manuel Méndez, edil de Ciudadanos, como referentes del municipalismo. Ambos han demostrado, agrega, cualificación suficiente como para optar a una candidatura a la Cámara autonómica. Y, en cualquier caso, hay otros referentes, en la provincia y en el conjunto de la región que podrían optar igualmente a un escaño el 19J.
“No reclamo una cuota”, aclara. Se trata de que el Parlamento de Andalucía sea reflejo de una sociedad diversa y plural, en la que la etnia gitana tiene un papel de suma importancia en ámbitos como el cultural.
Además, considera que es un paso muy importante en la promoción de los gitanos, para lo que trabaja la fundación en la ciudad desde el año 2004. “Se han dado pasos muy importantes en este sentido, pero queda mucho camino que recorrer”, añade.
“La comunidad gitana está normalizada en Jerez”, celebra, aunque persisten problemas endémicos vinculados a la educación y, en consecuencia, al empleo. En este sentido, aporta un par de datos para ilustrar las dificultades a la que se enfrentan: seis de cada diez alumnos de esta etnia abandonan los estudios mínimos, lo que complica el acceso al mercado laboral. No en vano, la tasa de paro asciende al 50% entre los gitanos y, remarca, quienes trabajan, lo hacen en muchos casos, de manera precaria. En la pandemia, esta coyuntura se agravó. “El 40% de usuarios que hemos atendido durante la crisis sanitaria, han tenido problemas de acceso a la alimentación”.
La discriminación es otra amenaza. Agarrado la sufrió en sus propias carnes cuando le prohibieron el acceso a un establecimiento hostelero recientemente. En el caso de la mujer, por el género, es doble. Por fortuna, esta misma semana, el Congreso ha acordado que la proposición de ley para la igualdad de trato y no discriminación modifique el Código Penal para que el antigitanismo sea reconocido como un delito de odio específico.
El portavoz de la Fundación Secretariado Gitano aporta algunas otras iniciativas políticas que harán llegar en las próximas semanas a los partidos políticos que concurren a los comicios para que las incorporen a sus programas: un plan de choque para combatir el fracaso escolar; subvertir la segregación del alumnado, que se concentra en centros educativos en zonas vulnerables; combatir la brecha digital, que ha crecido con la irrupción del coronavirus; impulso a la formación y capacitación para empleo por cuenta ajena; y, finalmente, poner coto a la infravivienda porque, según datos de la organización, hasta 9.000 familias viven en toda España en condiciones indignas.
“La política ha dado la espalda a los gitanos”, sostiene, por lo que confía en que las formaciones atiendan a estas propuestas de cara a la próxima legislatura y se puedan ejecutar, confía, con representantes de la etnia tanto en el debate de las mismas en el Parlamento de Andalucía como en el Gobierno que las ejecute.
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