El mercado de trabajo en nuestro país continúa envejeciendo. Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2021, según la cual los ocupados mayores de 55 años alcanzan las 4.026.600 personas (representan el 19% del total de ocupados), una cifra que ha aumentado en un millón en cinco años. Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en el sector público y con presencia creciente en el ámbito privado, estas cifras indican una tendencia al envejecimiento de las plantillas, que no sólo marca la evolución del mercado de trabajo sino que también debería centrar las políticas de prevención de riesgos laborales en empresas y administraciones.
Por ello, el sindicato ha querido sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 28 de abril, bajo el lema ‘Volver sano y salvo a casa a cualquier edad’ y reivindicando medidas específicas para el fomento de una jubilación saludable.
El envejecimiento laboral es aún mayor en el ámbito de las administraciones públicas, donde uno de cada cinco funcionarios ya ha cumplido los 60 años. Particularmente, en la Administración General del Estado el 44,7% de las empleadas y los empleados públicos se encuentran en el intervalo de edad entre 50 y 59 años, según los datos incluidos en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas,del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La central sindical considera que, dado que las personas trabajan durante más tiempo, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para profesionales de edad avanzada debe convertirse en una prioridad. Además, la acelerada transformación digital ha generado dificultades en la adaptación a los trabajadores de mayor edad. CSIF considera que la evaluación de riesgos debe tener en cuenta los cambios que puedan sufrir las capacidades funcionales de la persona y es necesario modificar el trabajo y el entorno laboral para hacer frente a esos cambios.
El sindicato denuncia que en las administraciones públicas prácticamente no se establecen medidas concretas para promover la salud de los trabajadores a cualquier edad, a pesar de contar con plantillas envejecidas y que cada vez se alarga más la edad de jubilación para poder contar con una pensión digna. Por ello, tras valorar las necesidades y con el objetivo de proporcionar a los trabajadores una vida laboral segura que acabe en una jubilación saludable, CSIF ha establecido una serie de propuestas y reivindicaciones para mejorar la gestión de la edad laboral en las administraciones públicas.
Entre ellas, CSIF reclama que se incluya la edad en el registro de siniestralidad laboral, así como que se integre esta variable en las evaluaciones de los riegos laborales y sus medidas; el diseño del puesto de trabajo psicosocialmente saludable; el desarrollo de planes para seleccionar, retener y optimizar el talento; la promoción del envejecimiento saludable desde el comienzo de la vida laboral; y la consideración en ciertos casos como trabajadores especialmente sensibles.
Además, el sindicato reivindica la utilización de métodos adecuados para la formación de adultos y de las personas trabajadoras mayores; la adaptación del proceso de aprendizaje a los profesionales de más edad; mayor facilidad en el acceso a los turnos de día para mayores de 55 años; y favorecer la jubilación anticipada en aquellos colectivos cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de mortalidad.
Año especialmente trágico
CSIF reitera la importancia que tiene la seguridad y salud de las personas trabajadoras a cualquier edad, y recuerda que el trabajo es un derecho y un deber social pero no debería de ser un peligro o foco de enfermedad por las condiciones de trabajo precarias.
Los altos índices de siniestralidad laboral revelan una deficiente gestión preventiva: el año 2021 se cerró a nivel nacional con 572.448 accidentes con baja -registrando un aumento del 17,9%-, de los que 3.702 fueron graves y 575, mortales.
Además, CSIF reitera su denuncia ante la infradeclaración de los contagios por Covid-19 considerados como accidente de trabajo para los profesionales de administraciones sanitarias, ya que solo se han reconocido como accidente de trabajo el 13,27% (28.940) hasta febrero de este año, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ante esta situación, urge una estrategia preventiva para proteger y reparar estos daños laborales, la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y del cuadro de enfermedades profesionales.
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