El sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (SAJ-A de CCOO), ha explicado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, “viene cambiando durante los últimos meses las plazas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer (financiados con recursos estatales) de unos órganos judiciales a otros, de forma unilateral, con total opacidad, sin información alguna ni previa consulta de las organizaciones sindicales representativas”.
El sindicato denuncia así que “han sido numerosas las excusas de la Consejería para no cumplir con su deber y conculcar sin miramientos la Ley de Libertad Sindical; algo que además afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que tienen derecho a conocer con la suficiente antelación la duración de sus contratos; y a la buena organización del servicio público”.
Desde CCOO se advierte que “además de los 104 puestos de trabajo destinados en los juzgados andaluces de violencia sobre la mujer, 69 refuerzos finalizarán su actividad el 30 de abril, y 35 el 30 de junio”. En Cádiz afectaría a los Juzgados de Chiclana, San Fernando, Rota, El Puerto de Santa María, Sanlúcar, Puerto Real, Arcos de la Frontera Barbate, Ubrique, Penal nº4 de Algeciras y la Secc. 3ª y 8ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se pretende cesar los/as funcionarios/as el 30 de abril, y 8 trabajadores menos, a partir del 30 de Junio, en el Juzgado Comarcal de Violencia sobre la Mujer en Algeciras, el Instituto de Medicina Legal y Fiscalía provincial. Todo ello, a pesar de que recientemente se ha renovado, por unanimidad, el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que conlleva financiación para las comunidades autónomas con competencias en justicia, entre las que se encuentra Andalucía, que es firmante del mismo”.
El sector de Administración de Justicia de CCOO de Andalucía ha reclamado igualmente que se dé cumplimiento al compromiso de Mesa Sectorial, y se estudie, de manera pormenorizada, cada una de las plazas a cargo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, antes de la finalización de la prórroga, para identificar las necesidades concretas de dichos Juzgados. El sindicato ha exigido en este punto una convocatoria urgente de Mesa Sectorial de Justicia.
CCOO ha manifestado que seguirá defendiendo, con todos los medios a su alcance, el mantenimiento de la totalidad de las plantillas actuales en los JVM. “Son totalmente necesarias para luchar contra la violencia machista, sobre todo en localidades con juzgados mixtos, es decir que atienden asuntos de jurisdicción civil y penal y donde la eliminación de esos contratos supondría agravar aún más las cargas de trabajo que soportan y empeorar el servicio a las mujeres víctimas de la lacra machista, así como, la destrucción de empleo público”, ha aseverado la central.
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