El primer año de despliegue del Plan de Choque se ha conseguido atender a casi 100.000 dependientes más en 2021, aunque 75 millones de euros del presupuesto no se han gastado mientras fallecían 46.300 personas de la lista de espera sin recibir la atención solicitada.
Son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la Dependencia, presentado este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, sobre el impacto del plan de choque para la recuperación del sistema, que ha creado 27.453 nuevos empleos, aunque mantiene el tiempo medio de espera en 14 meses.
"El Sistema de Atención a la Dependencia se reactiva, pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera en 60.000 personas, ya que ha bajado en 38.807, ni ejecutar el incremento presupuestario", ha lamentado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez.
Hay 97.912 personas atendidas más -se ha multiplicado por 10 el aumento respecto al año anterior-, 59.105 dependientes nuevos, 41.654 solicitudes más y aumentando en 58.614 las resoluciones emitidas, destaca el informe como aspectos positivos.
En la otra cara del balance, los 75.776.923 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales no gastó en 2021 (ejecutó el 95,66 % de las cantidades inicialmente presupuestadas) y que podía haber atendido a 13.000 nuevas personas. No obstante, destaca el aumento en un 48 % de la aportación del Gobierno.
"Cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley; a las 46.671 personas que fallecieron los presupuestos no les llegaron a tiempo", ha lamentado Ramírez, quien opina que la prioridad debe ser la reducción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación de los procedimientos, además de fomentar la creación de empleo.
LAS CIFRAS: CASI 400.000 A LA ESPERA DE PROCEDIMIENTOS
A 31 de diciembre de 2021 había en España 1.415.578 personas en situación de dependencia reconocida (60.000 más que en 2020) y otras 124.546 pendientes de valoración (17.000 menos). El 3 % de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
Casi dos tercios son mujeres (64 %) y siete de cada diez dependientes reconocidos tienen más de 65 años.
Pese a la reducción en 38.807 personas, la lista de espera ascendía a 193.346 personas (el 13,66 % de las personas con derecho a recibir prestaciones o servicios).
Si se suman los dependientes reconocidos que esperan sus servicios y los que están pendientes de valorar, la desatención alcanza a 317.942 personas, 55.000 menos que en 2020 y 110.000 menos que en 2019.
El informe añade 44.656 personas que ya tienen su Plan Individualizado de Atención pero aún no reciben prestación y 34.189 que las comunidades no han registrado y están pendientes de valorar, por lo que suman casi 400.000 las personas esperando procedimiento.
El exceso de mortalidad entre los meses de enero y diciembre de 2021 fue del 10,3 % (20.976 fallecimientos más de lo esperado). Se registraron 212.799 personas con solicitud de dependencia fallecidas -el 80 por ciento con más de 80 años-.
De los fallecidos, el 32,1 % eran beneficiarios con atención residencial y el 67,9 %, en sus domicilios.
El tiempo medio de tramitación es de 421 días -14 meses frente a los 6 que fija la ley-. Sólo 6 cumplen ese plazo: Ceuta, Melilla, País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Baleares. En cuatro se superan los 18 meses: Canarias, Andalucía, Cataluña, Murcia y Extremadura.
El coste directo de las prestaciones y servicios asciende a 8.930 millones de euros: 7.028 asumidos por las administraciones y 1.902 por los usuarios.
PLAN DE CHOQUE POR COMUNIDADES
Se mantienen las desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. La cobertura de personas potencialmente dependiente es del 19,52 %, oscilando desde el 12,44 % de Canarias, hasta el 25,76 % de Castilla y León.
El gasto público estimado por dependiente es de 6.025 euros al año. Es menor en Aragón (4.102), Castilla y León (4.303) y Baleares (4.537); y mayor en Cantabria (6.913) o País Vasco (6.861).
Han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera: Madrid (la ha bajado un 62,9 %), Aragón (el 42,2 %), Castilla-La Mancha (38,8 %), Asturias (32,2 %) y Andalucía (32,2 %).
Las comunidades con mayor "limbo de la dependencia" -pendientes de recibir prestación- son Cataluña (32 %), La Rioja (31,53 %) y Canarias (27,08 %); y las que menos, Castilla y León (0,17 %), Castilla La Mancha (4,51 %) y Galicia (5,82 %).
Las que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: Comunidad Valenciana (11,8 %), Canarias (10,8 %) y Asturias (9,2 %). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9 %.
El Plan de Choque debería haber servido para reducir un 25,8 % la lista de espera, aunque sólo la ha reducido en un 16,7 %.
También para establecer la teleasistencia como un derecho de los dependientes que vivan en su domicilio, pero quedan 760.000 personas por alcanzar esa cobertura. Sí que ha mejorado la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio que ha pasado de 33,45 horas mensuales a 39,6 horas.
En cuanto a los cuidados en el entorno familiar ha pasado de 239 euros mensuales a 236,49.
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