El diputado de Unidas Podemos en Andalucía en el Parlamento autonómico, Ismael Sánchez, ha anunciado este sábado que su partido protagonizará la semana próxima un nuevo desplazamiento a Bruselas para trasladar al Parlamento Europeo la Proposición de Ley sobre la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables de los municipios al norte de la corona forestal de Doñana.
Sánchez, a través de una nota de audio, ha apuntado que "la semana próxima una delegación de Unidas Podemos llevará de nuevo este asunto al Parlamento Europeo, que ya ha dicho que va a poner todos los mecanismos a su alcance para frenar este disparate", de lo que ha colegido que "no cabe otra solución que la paralización urgente de esta ley".
"El presidente de la Junta de Andalucía tiene que dar orden al Grupo Popular para que paralice la tramitación parlamentaria de esta Proposición de Ley que pretende amnistiar a más de 1.600 hectáreas de cultivos ilegales en el entorno de Doñana", ha sostenido Sánchez, quien ha calificado la iniciativa como "el mayor atentado de una Administración Pública contra un paraje natural".
El parlamentario autonómico de Unidas Podemos, quien ha descrito la iniciativa parlamentaria que promueven PP, Cs y Vox en la Asamblea Legislativa autonómica como "un despropósito, una temeridad", ha apelado a Juanma Moreno por considerar que "el presidente sabe que esta ley no se va a poder desarrollar en caso de ser aprobada", por lo que ha lamentado que "se está utilizando y engañando a los agricultores y los ciudadanos" tras argumentar que "se está generando unas falsas expectativas", que ha fundamentado en el hecho de que "el acuífero está sobreexplotado".
"Sin haberse aprobado ya genera problemas económicos con las cadenas agroalimentarias, que anuncian que dejarán de comercializar frutos rojos por no garantizar el equilibrio entre la agricultura y la protección del medio ambiente", ha indicado Sánchez.
El parlamentario de Unidas Podemos ha subrayado la oposición que recibe el proyecto, que ha concretado en que "ha desencadenado una oleada de preocupación nacional e internacional", de los que ha hecho partícipes al Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la comunidad científica.
"Todo el mundo está en contra de este disparate, que sólo consigue crispación social", ha remachado Ismael Sánchez.
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