El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja ha impuesto a dos usuarios los centros de salud de Adra y Laujar de Andarax sendas condenas por delitos leves de amenazas después de que insultaran y emplearan un tono "agresivo" contra el personal sanitario que los atendía para reclamar servicios o simplemente ser atendidos pese a no contar con cita previa.
Ambos fallos, dictados el pasado 4 de abril, imponen a cada uno de los acusados dos meses de multa a razón de seis euros diarios. Las víctimas, en este caso, ha contado con el apoyo de los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), desde donde han recordado la "necesidad de denunciar cualquier tipo de intimidación o agresión" ante el desempeño de sus funciones.
En el caso de Laujar de Andarax, los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de febrero, cuando un usuario que acudió al centro de salud a pedir un informe médico de capacidad para justificar su ausencia en su puesto de trabajo. Según consta en la sentencia, el facultativo médico que le atendió le derivó "a otras instancias" debido a que este tipo de trámites están "fuera de sus competencias".
Este hecho provocó una actitud "desafiante y agresiva" por parte del denunciado, que "insultó y amenazó al médico", conforme corroboró un testigo, por lo que la juez lo condena a dos meses de multa por un delito leve de amenazas.
El segundo caso tuvo lugar el 15 de diciembre en Adra, donde una usuaria acudió al centro de salud para pedir ser atendida "sin cita previa" para pedir unas infiltraciones, ante lo que el personal sanitario que le atendió le especificó que estaban "contraindicadas por sus padecimientos anteriores". Ante tal respuesta, la usuaria amenazó "en tono agresivo" al personal sanitario, lo que ha derivado en una condena por un delito leve de amenazas.
Estas sentencias se suman a otros dos fallos judiciales registrados a finales del pasado año en el Distrito Sanitario de Poniente por una agresión en El Ejido Norte y por unas amenazas, que llegaron a quedar penadas incluso con prisión, multas y órdenes de alejamiento.
La gerente del Distrito Sanitario Poniente, Enriqueta Quesada, ha insiste en que "agredir no es gratuito", ya que desde el año 2015, el artículo 550 del Código Penal recoge que cualquier agresión, física o verbal, a un docente o sanitario en el ejercicio de sus funciones o a consecuencia de ellas es considerado un atentado a la autoridad, con penas de prisión de seis meses a tres años, además de multa y orden alejamiento.
El SAS mantiene vigente el 'Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', que contempla un profesional guía frente a las agresiones. Esta figura se encarga de ayudar a prevenir agresiones a través de la identificación de situaciones conflictivas, derivando al trabajador social o educador a las personas con un potencial alto de conflictividad, y de acompañar a los sanitarios agredidos "desde el primer momento".
Asimismo, existe un interlocutor sanitario provincial y un interlocutor sanitario policial, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que trabajan de forma coordinada sobre este tipo de delitos.
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