La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha destacado este miércoles que el teléfono para víctimas de okupación de viviendas habilitado por la Junta recibió entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 "casi un centenar de llamadas", y ha apuntado además a la necesidad de que desde el Gobierno se impulse "un plan nacional" para afrontar estas situaciones.
Carazo ha abordado esta cuestión en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, a una pregunta del diputado de VOX Macario Valpuesta, quien ha cuestionado las acciones de la Junta ante un problema que según ha dicho tiene una "alta incidencia" en Andalucía, cuestionado además que a su juicio el Gobierno andaluz "parece que cierra los ojos ante la realidad de la vinculación de la okupación con la inmigración ilegal, como se ve en Huelva y Almería".
La consejera ha respondido que "en muchos casos la okupación está asociada a la delincuencia", algo que "preocupa" a la Junta. Además, ha señalado que hay involucradas "auténticas mafias que han hecho de la okupación un auténtico negocio". La responsable de Fomento también ha subrayado ser consciente de "todos los problemas sociales que conlleva la okupación ilegal, no solo para propietarios sino a los ciudadanos en general por los problemas de convivencia que conllevan".
Desde Fomento se ha sostenido que la Junta está "cumpliendo" con el acuerdo para luchar contra este problema "en el marco de competencias de las autonomías". En este sentido, Carazo ha citado entre las acciones emprendidas la creación de la "mesa de coordinación contra la okupación entre las consejerías implicadas", o la puesta en marcha de un "sistema de asesoramiento en delegaciones provinciales" "donde se atiende a las víctimas".
También se ha referido al "teléfono antiokupación" dispuesto para propietarios afectados por esta situación, que ha recibido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 "casi un centenar de llamas relacionadas con okupación de viviendas".
Finalmente, Carazo ha recordado que el pasado 18 se enero se aprobó un decreto para modificar el Plan Vive en Andalucía, a partir del cual "los okupas sancionados o condenados por okupación ilegal no podrán acceder en Andalucía a una vivienda de protección oficial". "Nos parece que es hacer justicia, no se puede premiar a quien se salta la ley", ha dicho la consejera.
No obstante, ha destacado que "no solo el Gobierno andaluz tiene responsabilidad" en este tema y por ello, ha remarcado, "seguimos solicitando un plan nacional antiokupación". "El Gobierno de España tiene que actuar planteando la modificación de normativa estatal, endureciéndola", ha comentado, "desde punto de vista penal, pero también civil".
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