La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves la "readmisión ficticia" de los trabajadores despedidos a finales de enero en la planta de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y ha criticado que se les "empuje" a aceptar el despido improcedente.
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del comité de empresa de la fábrica sevillana y miembro de la CSIF, Carlos Tercero, cuando se cumple un mes del anuncio que hizo la dirección de que las personas despedidas (21 en la planta de Sevilla y 3 en la de Madrid) serían readmitidas, y que "estuvo motivado por la presión ejercida desde el ámbito laboral, social e institucional en defensa del empleo en esta fábrica".
El representante sindical ha explicado que de los 21 trabajadores despedidos en la planta de Alcalá de Guadaíra, once han aceptado un despido improcedente y los diez restantes no están contratados en la actualidad, sino que se encuentran a la espera de volver a ser contratados a 1 de abril u optar por la vía del despido improcedente.
"Por lo tanto, no ha habido tal readmisión, a pesar de que se haya vendido como tal y parezca que el problema se ha solucionado", ha subrayado Tercero, quien ha insistido en que "lo que la empresa está haciendo no es readmitir a los trabajadores, lo que implicaría que volvieran en las mismas condiciones que tenían, sino que les ofrece un nuevo contrato".
La opción de que el personal que quiera permanecer en la empresa lo haga a través de nuevas contrataciones y no de readmisiones, supone que la empresa ha tenido la opción de incluir una cláusula de movilidad geográfica en los nuevos contratos.
Además, con este sistema la empresa "no asumirá los salarios de tramitación de los dos meses que han estado sin trabajar las personas despedidas, extremo que sí tendría que asumir la empresa en el caso de que se tratara de una readmisión", ha asegurado.
Según el presidente del comité, la empresa está "jugando con la incertidumbre que genera la ausencia de garantía de carga de trabajo a medio plazo y con el posible traslado de la producción de Sevilla, además de no facilitar a los despedidos una información tan básica como saber a qué departamento volverían si se reincorporaran, con lo que está, de facto, empujando a los trabajadores a acogerse al despido improcedente".
Asimismo, ha recordado que tras conocerse los despidos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró que el contrato para la fabricación del blindado VCR 8x8 se había adjudicado a GDELS Santa Bárbara para que se creara empleo, no para que se destruyera.
En este sentido, el dirigente sindical ha confiado en que "el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aumente su implicación, tanto a nivel autonómico como nacional, para ejercer presión desde Andalucía y encontrar una solución de manera que pueda evitarse el desmantelamiento de la fábrica de Sevilla.
Tercero ha apuntado que el problema de fondo sigue siendo el traslado de las líneas de producción de Sevilla a Trubia (Asturias) que "tiene en mente la empresa y con el que nuestra planta se quedaría sin carga de trabajo para la plantilla actual, formada por 202 trabajadores, en menos de dos años".
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