L.S., el hombre natural de Gambia de 36 años acusado de matar a una mujer en su vivienda de las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) tras robarle el dinero que guardaba en una caja de caudales de su dormitorio el 31 de marzo de 2018, ha negado este viernes ser el autor material del crimen por el que permanece en prisión provisional desde su arresto, en septiembre del mismo año.
Durante la primera sesión del juicio con jurado que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, el único detenido por el crimen ha decidido contestar solo a las preguntas de su defensa, ante la que ha asegurado conocer a la víctima por haber contratado con ella servicios de carácter sexual en varias ocasiones.
El acusado, que se enfrenta a 20 años de prisión por un presunto delito de homicidio y otro de robo con violencia a petición de la Fiscalía, ha limitado su relación con la víctima a estos encuentros sexuales que se abordaban "con mucho respeto" inicialmente, pero que con el tiempo derivaron en prácticas más "duras e intensas", según ha detallado.
En cualquier caso, ha negado que matara y robara dinero y el teléfono móvil a la víctima en su casa del barrio de Las 200 viviendas durante la madrugada en la que se sucedieron los hechos, toda vez que ha asegurado que él acudía a Roquetas de Mar en algunas ocasiones "con amigos" puesto que vivía en Granada "con su jefe", en un mismo inmueble pero en pisos distintos.
Desde la Fiscalía y la acusación particular, que agrava su petición al encuadrar los hechos en un delito de asesinato dada la diferencia de fuerza física entre el presunto autor de los hechos y la mujer, la principal prueba para incriminar a L.S. se basa en el informe de ADN del detenido recabado del lugar de los hechos, ya que se llegó a encontrar "sangre" del sospechoso en la escena y sobre el cuerpo de la víctima.
No obstante, durante su exposición inicial, la defensa ha incidido en que las pruebas practicadas arrojaron vestigios de ADN "de siete clientes", por lo que ha incidido en las dudas que pueden resultar de esta pericial a la hora de implicar directamente a su patrocinado, para el que pide la libre absolución.
Junto al ADN, la Fiscalía también ha señalado como elemento para determinar la eventual culpabilidad del acusado la presunta venta del teléfono móvil de la víctima tras el crimen, dado que se pudo recuperar la pista sobre el terminal una vez se activó, cuatro meses después de los hechos, por parte de su compradora.
Según consta en el escrito provisional de la fiscal, consultado por Europa Press, el Ministerio Público pide que se le prohíba vivir o acudir a Roquetas de Mar durante un periodo de 20 años así como el alejamiento de los hermanos de la víctima, para los que interesa una indemnización de 120.000 euros.
Según se desprende de la investigación, los hechos habrían tenido lugar entre las 4,30 y 10,00 horas después de que el hombre contactara con la víctima en la vía pública y fueran a casa de esta, donde habrían mantenido relaciones sexuales.
Así, en un "momento de descuido", el acusado se habría dirigido hacia el armario de la mujer donde encontró una caja de caudales metálica en cuyo interior encontró el dinero que guardaba la víctima, quien lo sorprendió. Fue entonces cuando, conforme al relato de la fiscal, el acusado "agarró fuertemente del cuello" a la mujer hasta que acabó con su vida.
El hombre, que antes de irse de la vivienda cubrió el cuerpo de la mujer, se habría llevado además el teléfono móvil de la víctima antes de haber registrado toda la vivienda.
La detención del sospechoso se produjo el 15 de septiembre de 2018 en un cortijo de Alcútar (Granada) tras una "ardua, intensa y fértil" investigación realizada por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Breña', que tenía por objetivo esclarecer la muerte de la mujer, quien se encontraba en "situación de exclusión y vulnerabilidad física, económica y social" ya que ejercía la prostitución.
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