El personal de las cuatro fundaciones públicas dedicadas a la investigación biosanitaria ha denunciado las trabas de la Junta para aprobar de manera definitiva un convenio colectivo negociado durante cinco años y que permitirá unificar condiciones y reducir la precariedad de casi un 90 % de empleados.
Los investigadores han participado este miércoles en las dos concentraciones convocadas en Granada por CCOO, UGT y CSIF, protestas para exigir a la Junta que desbloquee el primer convenio colectivo que afecta a las fundaciones dedicadas a la investigación biosanitaria.
Cerca del 90 % del personal de las cuatro fundaciones trabaja en condiciones precarias y lleva casi cinco años negociando un convenio colectivo que regule y unifique sus condiciones laborales, un periodo de diálogo que ha permitido redactar un texto remitido a la Junta.
Según la denuncia sindical, el "largo peregrinaje" del documento consensuado, que ha incluido más de 30 modificaciones y aclaraciones por requerimiento de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, ha sido rechazado por la Dirección General de Presupuestos.
La Junta ha argumentado su negativa en que el convenio supondría un incremento de masa salarial y un coste de casi 237.600 euros, cuantía para regularizar la situación de más de 2.500 personas que, según los sindicatos, aportaría las fundaciones.
CCOO ha interpretado la paralización del convenio como una muestra del "desprecio" de la Junta a un sector esencial y ha lamentado la falta de voluntad para arreglar situaciones irregulares en el campo de la investigación biosanitaria, sector esencial en el actual contexto de crisis sanitaria.
Han puesto como ejemplo de apoyo real al sector las gestiones de comunidades como la de Madrid, que en 2021 aprobó un convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo en sus 13 fundaciones públicas de investigación para solventar unas dispares condiciones salariales, un caso similar al andaluz.
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