El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, acusado en el caso 'Astapa' sobre la presunta corrupción política y urbanística en dicha localidad, sigue defendiendo su inocencia y su actuación en todo momento "dentro de la legalidad"; además de asegurar que "nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto", fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor.
Así lo asegura a través de sus letrados en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se muestra la oposición a la acusación del fiscal y se incide en que los informes policiales y de la Agencia Tributaria existentes están "plagados de errores", por lo que los impugna "debido a la falta de imparcialidad y sustento". Adelanta que expondrá las nulidades que en su opinión hay en el procedimiento como cuestión previa del juicio.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona abrió juicio oral contra 50 acusados en esta causa, entre ellos Barrientos, por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de diez años y nueve meses de prisión, multa e inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años.
Además, están acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES; así como empresarios y funcionarios. En esta causa se acusa de tener "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios", a través de donaciones o patrocinios de actividades, y de supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios".
Entrando en el fondo, la defensa insiste en que Barrientos desarrolló sus funciones como alcalde "dentro de la más estricta legalidad y siguiendo las opiniones emitidas por los funcionarios habilitados de carácter nacional del Consistorio y por los técnicos y los juristas municipales en sus informes, tanto en los preceptivos como en los que les eran solicitados".
Salvo en alguna ocasión, "en que hubo un reparo por la Tesorería municipal, sobre lo que inmediatamente adoptó Barrientos las medidas pertinentes, ninguna de las actuaciones investigadas en esta causa fueron objeto de censura o advertencia por los órganos del Ayuntamiento encargados del control de la legalidad", señala la defensa del exalcalde.
Asimismo, apunta que "nunca existió una caja B en el Ayuntamiento de Estepona, al menos durante los periodos temporales en los que mi mandante estuvo al frente de la Alcaldía", indicando que en la tramitación de los convenios urbanísticos "incluso se adoptaron medidas adicionales de transparencia y control a las exigidas legalmente", estando siempre toda la actuación en este ámbito dentro de la "absoluta legalidad".
Sí señala que llevó a cabo gestiones para conseguir que distintas empresas vinculadas a Estepona "sufragaran actividades o entidades de carácter cultural, social o benéfico (la gran mayoría); todas sin ánimo de lucro y cuyos destinatarios eran entidades y asociaciones"; una actuación que la defensa entiende "lejos de ser delictiva" y que "siempre han redundado en beneficio exclusivo de la Corporación local y sus habitantes".
Es más, añade el escrito, el entonces regidor presentó hasta siete denuncias ante la Fiscalía de Málaga cuando tuvo sospechas de determinadas actuaciones que pudieran ser irregulares; y todos los convenios urbanísticos, "de cualquier clase, de su mandato, los investigados en este procedimiento y los que no, fueron remitidos a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía" para su fiscalización. Además, dice, recibieron el voto a favor de la comisión municipal.
Sobre los convenios de planeamiento en concreto, la defensa explica que se pactaron entre las partes unas aportaciones económicas, "habiéndose ingresado íntegramente lo estipulado en las arcas municipales". Además, precisa que, "dado que ninguna obligación legal hay de abonar cantidad alguna por la suscripción de tales convenios, no puede existir ningún porcentaje de referencia, como erróneamente se indica en algún informe".
"Se trató de plusvalías extraordinarias", insisten los letrados de Barrientos, apuntando que "ningún perjuicio se ha causado a las arcas públicas mediante la firma de estos convenios de planeamiento y --por el contrario-- sí se obtuvieron para el Consistorio unas plusvalías extraordinarias, adicionales a las exigidas legalmente".
En este sentido, cifra esas plusvalías en "más de 60 millones de euros", que "se ingresaron en las arcas municipales", reitera el escrito, señalando que "no existe base legal" para considerar que se debió exigir el abono de un porcentaje concreto, lo que esta parte apoya en informes emitido por distintos peritos y certificaciones municipales.
En cuanto a los convenios de aprovechamientos, se indica que se optó "por la tesis del interventor municipal" de utilizar "el método residual, obteniéndose con ello unos beneficios superiores a los que habrían resultado de la aplicación del método legalmente establecido, el basado en la Ponencia de valores catastrales". "Se trató, en puridad, de una decisión política para beneficiar a la Corporación local", dice el escrito de defensa.
Para esta parte, ante los distintos informes, "es evidente que tampoco se ha causado a las arcas públicas ningún perjuicio en relación con estos convenios de monetarización", sino que hubo, dice, "ingresos notablemente superiores para la Administración". Por otro lado, rechaza dejación de funciones en el ámbito sancionador, indicando que aunque estaba delegado en otro edil, "dio instrucciones para que los expedientes se tramitaran y no prescribieran".
Asimismo, se incide en que "ninguna de las actuaciones que llevó a cabo el señor Barrientos durante su gestión le ha supuesto algún tipo de enriquecimiento personal", aseverando que la evolución de su patrimonio "se corresponde con los ingresos percibidos por el correcto ejercicio de sus funciones y con las ayudas económicas recibidas de su madre", lo que considera acreditado con documentación aportada.
"Nunca ha recibido dádiva alguna ni recompensa de ningún tipo", insiste la defensa, apuntando que la procedencia del dinero está "plenamente justificada" y los viajes que ha realizado, comidas y eventos a los que ha asistido "han estado siempre vinculados al desarrollo de sus funciones como alcalde y a sus labores de promoción de la localidad de Estepona".
Para la defensa del regidor, "el inicio de este procedimiento estuvo manipulado y se trató de un claro 'montaje' para controlar el urbanismo de la ciudad de Estepona al servicio de intereses económicos espurios de terceros", y pide que se practiquen pruebas anticipadas, algunas relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo, sobre el que esta parte ha insistido en su supuesto interés personal en esta investigación.
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