La Constitución hondureña establece que la CSJ tiene entre sus atribuciones “conocer de los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado y diputados”.
El fiscal, Luis Rubí, presentó el jueves en la CSJ un “requerimiento fiscal” contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, integrada por seis oficiales, y pidió que se ordene su captura por la expulsión de Zelaya a Costa Rica después de su derrocamiento, el 28 de junio. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
La Junta de Comandantes está integrada por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes.
Por otro lado, el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, expresó ayer su temor de que el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, pague a un sicario en el extranjero para que le mate.
“Hay una preocupación de parte de muchos de nuestros funcionarios y, desde luego, de mi familia y mía, de lo que pueda pasar una vez que nosotros salgamos de esta posición”. Añadió que descubrió que “un ciudadano de Venezuela” hizo gestiones para pagar un millón para asesinarle.
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