San Fernando ha sido noticia esta semana por la retirada de la Plaza del Rey de la estatua ecuestre dedicada desde 1948 al general Varela. Como socialista y como isleña no puedo más que sentirme orgullosa de actos como este que reparan el daño moral de miles de personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil española y su posterior Dictadura.
Desde que se aprobó la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en San Fernando hemos tenido que esperar 15 años para dar cumplimiento al mandato legal de superar las graves y profundas heridas producidas por el Régimen franquista.
Gracias a una moción presentada por Andalucía por Sí en 2016, el pleno municipal aprobó por mayoría, con excepción del voto en contra del PP, el traslado del General Varela y ministro del Ejercito de Franco “por su contribución liberadora en el Golpe de Estado de 1936”, de la Plaza del Rey, principal espacio público de la ciudad.
Para mi ese día, como militante del PSOE y vecina de San Fernando, fue un motivo de satisfacción al ver como el pleno de mi ciudad dignificaba a las víctimas del franquismo.
Años llevaban los familiares, representadas en AMEDE (Asociación para la recuperación de la memoria democrática, social y política de San Fernando), trabajando insistentemente para que la Ley de Memoria Histórica de 2007 se cumpliera en nuestro municipio recordando nombres como los de nuestro querido alcalde Cayetano Roldán y sus hijos, víctimas tempranas del golpe militar.
Eso es la memoria democrática: dar a conocer la verdad de nuestra historia. Pero no desde un punto de vista revisionista de la Transición, como quiere hacer ver la derecha. Sino como cumplimiento de nuestra Constitución que nos dice que debemos superar las graves y profundas heridas para conseguir una sociedad más justa, más libre, más igual y solidaria.
Y en esa lucha, es de justicia dejar de manifiesto que los avances institucionales que se han ido desarrollando han sido gracias a la sociedad civil y a gobiernos socialistas que han recogido el sentir de las familias y asociaciones de las víctimas y les han dado amparo legal, primero con la Ley 52/2007 y ahora con la tramitación de la Ley de Memoria aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de julio donde, por primera vez, una ley repudia el Golpe de Estado de 1936 y corrige las deficiencias de la norma de 2007 señaladas por Naciones Unidas.
Por lo tanto, vuelve a ser un gobierno socialista el que, a pesar de la crispación, trabaja para que nuestra educación recoja lo que supuso la representación franquista y la defensa de los valores democráticos; para que se anulen sentencias injustas, se recoja por ley la implicación de todas las administraciones en el trabajo de exhumaciones, censo y banco de ADN de las 25.000 víctimas que podrían estar en fosas comunes. Y como gran novedad, ha sido un gobierno socialista el que garantiza que el Estado vele por el derecho a la investigación y al conocimiento de la verdad creando la figura de un Fiscal específico que permita impulsar la búsqueda de los desaparecidos.
Muchos son los hitos recogidos por la legislación. Aquí tan sólo puedo mencionar algunos. Pero no puedo olvidar quizá el más representativo para San Fernando esta semana, que es la retirada de símbolos y las consiguientes sanciones en el caso de que no se retiren estatuas como la del General Valera. Así que, con orgullo puedo decir que mi ciudad, San Fernando, ha cumplido con la ley.
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