El alcalde de Viator (Almería), Manuel Jesús Flores (PSOE), ha asegurado este jueves que tanto él como los cuatro miembros de su equipo de gobierno investigados por un presunto delito de prevaricación, por el que se enfrentan a una petición de 14 años de inhabilitación, “están muy tranquilos”.
Así lo ha manifestado a los medios durante la inauguración junto al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, de un nuevo colegio en este municipio, incidiendo en la tranquilidad de los ediles acusados desde que “la noticia saltó a la prensa”.
“Confiamos plenamente en la justicia. Sabemos lo que ha ocurrido y estamos muy confiados en la gestión que nosotros realizamos”, ha dicho.
La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, señala que la junta de gobierno local del Consistorio viatoreño acordó la aprobación inicial de las obras denominadas 'Proyecto de Intervenciones Urbanas: Plaza Candela, Cerro de la Cruz y Mirador del Cerro de la Cruz', cuyo presupuesto de ejecución ascendía a 152.534,80 euros.
El fiscal sostiene que seguidamente lo acusados "fraccionaron, sin ninguna justificación", este proyecto en tres lotes que no superaban los 50.000 euros, lo que "los convertía en contratos de obra menor" abriendo la puerta a su adjudicación directa sin licitación.
En esa misma sesión de la junta de gobierno local, celebrada el 9 de noviembre del 2017, se adjudicó uno de los proyectos, el correspondiente a la construcción al 'Mirador de la Cruz', siendo el resto adjudicados posteriormente.
"Dichas adjudicaciones se hicieron sin tramitar ningún expediente y sin pedir informa a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, teniendo ésta conocimiento de la adjudicación el día que se celebró la sesión de la junta de gobierno, no pudiendo por ello realizar una fiscalización de dichas adjudicaciones antes de su realización", asevera el Ministerio Público.
El fiscal mantiene que estas adjudicaciones de lotes como contratos privados no han cumplido las normas "procedimentales y de publicidad" correspondientes en "función del valor acumulado de todos los lotes".
Añade que en el caso del lote de la 'Plaza Candela' se excluyeron también unidades de obra a ejecutar sin justificación, ya que de haberse incluido habría "sobrepasado con creces el límite para los contratos menores".
En concreto las unidades excluidas eran unos columpios que se ofrecieron en concurso por separado, optando dos licitadores a los mismos. En este punto el fiscal subraya que fueron adjudicados por 22.277,70 euros "cuando la otra oferta era más barata".
Por estos presuntos hechos, la Fiscalía acusa a los cinco investigados por un delito continuado de prevaricación, interesando penas para cada uno de ellos de 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el pago de las costas de la causa.
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