El culebrón político de la reforma laboral terminará hoy. No se sabe, a ciencia cierta, a pocas horas de la votación, cuál será el resultado de la votación preceptiva del Congreso de los Diputados -por más síes que noes- para que entre en vigor definitivamente el Decreto-Ley. El gobierno no ha aceptado la posibilidad de mercadear los votos favorables ofrecidos de los que lo quieren modificar a cambio de que luego pase a la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Allí podría ser modificada a criterio de las mayorías parlamentarias que se alcanzasen en el debate y votación del articulado. ¿Por qué ha actuado así el gobierno? Porque se trata de una reforma pactada entre las dos organizaciones sindicales más representativas y las dos patronales más importantes de España. El texto ha conseguido un infrecuente consenso con el difícil equilibrio entre las demandas de unos y de otros.
Las organizaciones sindicales nacionalistas se oponen porque los convenios nacionales adquieren una fuerza que no tenían, prefieren la prevalencia de los convenios autonómicos. Algunas organizaciones empresariales de sector, minoritarias, se oponen a las medidas contra la temporalidad, porque estiman que les perjudican para las rotaciones habituales y las precariedades imperantes del mercado laboral español, hasta la fecha. Los más izquierdistas dicen que la reforma laboral se queda corta, y pueden tener razón. Los derechistas dicen que la reforma laboral se pasa de frenada, porque no respeta la de Rajoy y pueden tener razón. Depende de los puntos de vista. La verdad evidente es que la de Rajoy fue votada en 2012 única y exclusivamente por los parlamentarios populares, sin acuerdo con nadie. Tras meses de reuniones sin fin, comandadas por Yolanda Díaz y tirones en el gobierno, se ha presentado un texto consensuado que deja insatisfechas a las partes pero paradójicamente ése es el logro: “Cada uno hubiese preferido avanzar más o menos en alguno de ellos. Pero todos han cedido en sus pretensiones para buscar el acuerdo con los otros. El máximo común divisor” - ha escrito el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas-.
La cerrazón de los que se niegan a avanzar, porque quieren su revolución laboral, o la de los que quieren defender el pasado, porque lo impusieron en 2012, hace que la votación sea decisiva. Cada voto valdrá oro molido.
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