El equipo de gobierno de Carboneras (Almería) que preside José Luis Amérigo ha dado cuenta en un Pleno extraordinario convocado de urgencia este jueves de la sentencia no firme que condena a 13 años de inhabilitación al portavoz municipal de Gicar, Salvador Hernández, y, a continuación, le ha dejado fuera de la participación en el Pleno ordinario que se ha celebrado minutos después.
En la sesión extraordinaria previa, se ha votado la urgencia de la convocatoria, que ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y el 'no' de Gicar, Carboneras Avanza y PP, pero no se ha adoptado acuerdo de Pleno alguno, ya que el informe al que ha dado lectura la secretaria municipal no ha sido sometido a votación de los miembros de la corporación.
Según ha explicado el portavoz socialista, Ramón Soto, la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, de diciembre, se notificó al consistorio este miércoles y ese mismo día, se dictó providencia de Alcaldía por la que se solicitó la emisión de informe.
En un comunicado posterior, el Ayuntamiento ha asegurado, asimismo, que la convocatoria de un Pleno extraordinario se ha hecho de urgencia en menos de 24 horas "debido a que se tenía prevista a continuación la celebración de una sesión ordinaria en la que el concejal ya no podía participar, dada la pérdida de su condición".
El citado informe indica que la sentencia que condena por un delito de prevaricación administrativa, contra la que se ha anunciado recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "tiene repercusión directa sobre la organización y funcionamiento de la corporación" y alude al artículo 6 de la Loreg para considerar que se trata de un caso de "incompatibilidad sobrevenida".
Matiza, no obstante, que el cese de los cargos locales como consecuencia de una condena penal "solo" es competencia de Pleno "a efectos de su toma de conocimiento" y refiere al citado artículo de la Loreg". "Por tanto, al producirse una situación de inelegibilidad, y por tanto, incompatibilidad sobrevenida, una vez esta sea constatada por el pleno y declarada la correspondiente vacante, por lo que se procederá a tramitar la oportunidad credencial del candidato a quien corresponda", sostiene.
En concreto, la ley a la que remite indica que son inelegibles los condenados por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública cuando la inhabilitación "es especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique la participación en el gobierno municipal".
Sostiene, asimismo, que Hernández, no ha llevado a cabo "comunicación obligada" de la sentencia y que la situación debía ser "constatada por el pleno y declarada la correspondiente vacante" para que desde la Junta Electoral Central se proceda "a la expedición de la credencial del siguiente miembro incluido en la lista de la candidatura del Grupo Independiente por Carboneras".
No obstante, no se habría declarado la correspondiente vacante al no haber sido sometido a votación ningún punto del orden de día porque, en las conclusiones del citado informe, solo se recoge que debe procederse a dar cuenta al Pleno de la sentencia y que debe darse traslado del supuesto acuerdo de pleno a la Junta Electoral Central a efectos de la expedición de la credencial.
Tras ese pleno extraordinario, que no ha sido retransmitido en directo como sí la convocatoria ordinaria posterior, el portavoz municipal de Gicar, que asegura mantiene su acta de concejal, ha intentado participar en la sesión convocada a continuación, pero se le ha instado a abandonar la sala "porque no podía estar allí".
Según ha asegurado en declaraciones a Europa Press, tras una primera salida, se ha querido reincorporar por segunda vez y ha pedido acta de comparecencia a la secretaria municipal, "lo que me ha sido negado".
"Me he marchado después de que los portavoces de Carboneras Avanza y PP dieran fe de que se me estaba impidiendo participar en el Pleno", ha señalado para anunciar que estudia acciones legales y precisar que aún, "por motivos personales", no ha sido notificado de la sentencia de la Audiencia Provincial contra la que va a presentar recurso de apelación.
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