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Jerez

El 061 activa su protocolo de agresiones ante el episodio de violencia sufrido en Algeciras

Durante 2009, el procedimiento ante agresiones de EPES se ha activado en la provincia de Cádiz en tres ocasiones

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a Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha activado su protocolo de agresiones ante un episodio de violencia sufrido por uno de sus equipos del 061 en la jornada del miércoles, día 6 de enero, en Algeciras. Este procedimiento que se pone en marcha de forma inmediata incluye asistencia sanitaria, actuaciones legales por medio de su gabinete jurídico y el ofrecimiento de apoyo psicológico individual por un experto en esta materia. De hecho los tres profesionales víctimas de la agresión ya han presentado denuncia a través del servicio jurídico de la EPES.

El incidente se produjo en torno a las 10.20 horas, cuando el equipo de una UVI del 061 que se había trasladado a un domicilio para una asistencia fue amenazado por el propio paciente con un cuchillo; ante ello, se dio aviso a la sala de coordinación para solicitar ayuda a la Policía, cuyos efectivos redujeron y detuvieron al agresor, que causó heridas de diversa consideración al médico, el enfermero y el técnico del 061, que fueron atendidos por una nueva unidad enviada a tal efecto.

Durante 2009, el procedimiento ante agresiones de EPES se ha activado en la provincia de Cádiz en tres ocasiones, una por un episodio de violencia física y las otras dos verbales; las tres culminaron con condenas contra los agresores y en el caso de la agresión física fue tratada judicialmente como delito, no como falta. En Andalucía durante 2009 se ha activado dicho protocolo en 14 ocasiones y se ha asistido a un total de 22 profesionales; siete de las agresiones fueron físicas, de las que seis se tramitaron por procedimiento correspondiente a delitos.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.


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