La Audiencia Nacional ha ordenado que se permita a los trece presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo acceder a los archivos originales de "todas las escuchas telefónicas" que se realizaron en la investigación, en contra de lo acordado por el juez.
La sección segunda de la Sala de lo Penal ha corregido al magistrado Manuel García Castellón y ha estimado parcialmente el recurso de dos de los procesados al considerar que "la petición de conocer el contenido íntegro" de las conversaciones que grabó la Guardia Civil "es conforme con el derecho a la defensa" de los investigados, a quienes únicamente se facilitó la transcripción realizada por los agentes.
Por eso, revoca el auto del juez y ordena, además del acceso íntegro a las escuchas sin editar, la certificación de las resoluciones donde se acordaban las intervenciones telefónicas, la instalación de dispositivos de escuchas, las balizas de seguimiento u otras intervenciones de comunicaciones y movimientos de los investigados, así como la certificación del auto que acordaba el arresto de Jordi Ros, uno de los procesados a quien la Audiencia ha dado la razón.
En un auto, fechado el 10 de enero y al que ha tenido acceso Efe este lunes, el tribunal indica que no puede negarse "la oportunidad y conveniencia" de que los imputados accedan a los elementos que el juez tuvo en consideración para procesarles, y que abarcan desde escuchas telefónicas hasta seguimientos o "incluso registros de la basura".
La Sala califica además de "anómala situación procesal" que algunas de las diligencias solicitadas no estén en el procedimiento y se mantengan secretos en "unas diligencias de las que dimanan las presentes", pero en cualquier caso estima que esto no es óbice para que las defensas accedan al material solicitado.
Precisamente, los procesados pidieron hace unos meses sin éxito la nulidad de la causa al considerar que se les ha causado indefensión porque no han tenido acceso a dos investigaciones de las que supuestamente deriva el caso, una de ellas de 2017, y que permanecen bajo secreto de sumario.
Pese a que el tribunal no comparte el criterio del juez instructor, como así refleja repetidamente en su auto, por el momento no ha accedido a otra de las peticiones: remitir a las defensas la copia completa de las diligencias al solo haber podido acceder a una pieza, la número dos.
Según la Sala, tras analizar el resultado de las diligencias ya aceptadas, las defensas podrán valorar "la necesidad de solicitar" otras "en relación con la pieza principal de la que dimana la que constituye el objeto del presente procedimiento".
Ahora bien, avanza que "el derecho de defensa (...) podría implicar la necesidad de acceder a actuaciones que han tenido lugar en el seno de dicho procedimiento principal" si éstas han sido utilizadas como elementos incriminatorios contra los procesados.
En septiembre el magistrado que ha investigado el caso propuso juzgar por un delito de terrorismo a trece presuntos miembros de una facción radicalizada de los CDR que planearon supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales, en respuesta a la sentencia del "procés" en 2019.
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