La Audiencia Nacional juzga a partir del martes en un macroproceso a 31 acusados en el caso Madeja o Fitonovo, una empresa sevillana que creó una infraestructura para obtener contratos públicos a través de sobornos a funcionarios en diferentes administraciones, fundamentalmente de Andalucía, Canarias y Extremadura.
En este juicio, el segundo del caso Madeja -el anterior concluyó con condenas a tres de los nueve acusados-, se juzgarán la pieza principal de esta causa, con 28 acusados, y la número 6, con otros tres.
Los principales acusados en la pieza principal son el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo José Antonio González Baro, quien le sustituyó al frente de la empresa. Ambos se enfrentan a una petición del fiscal de 19 años y medio de cárcel.
Junto a ellos se sentará en el banquillo Pilar Baro, mujer y madre de los "cabecillas" y a la que se le atribuyen gestiones para el blanqueo del dinero, delito por el que le piden 4 años de prisión.
Además de los propietarios, integraban también la dirección de la empresa los acusados Juan Andrés Brugeras Foye, director comercial, y el adjunto a la Dirección Ángel Manuel Macedo Gajete, que se enfrentan también a 19 años y medio de prisión.
En su escrito de acusación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que la dirección de Fitonovo creó una infraestructura "destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos".
El segundo nivel estaba formado por los integrantes de la red comercial, como último eslabón "y elemento imprescindible para la consumación de los delitos de corrupción", la Fiscalía incluye "la multitud de funcionarios que tenía 'en nómina' Fitonovo, y que han recibido durante varios años contraprestaciones sustanciosas por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas irregulares" en forma de dinero o dádivas de todo tipo.
Dado que el pago de comisiones a funcionarios no podía justificarse de forma lícita, "el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la trama criminal".
Según el fiscal, la empresa disponía de una caja B que se nutría de facturación falsa de empresas proveedoras de Fitonovo, y así "registraban esas operaciones en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".
Entre otras entidades públicas, Fitonovo "tuvo una importante facturación con ADIF", y el fiscal destaca de 2008 "que coincide con un macro contrato por la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad".
Para asegurarse la adjudicación de esos contratos, la empresa se dedicó a hacer regalos y pagos en metálico "a distintos responsables de ADIF" fundamentalmente de Andalucía, aunque también de Zaragoza y Barcelona.
Para la Fiscalía, "la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que esta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".
La caja B sirvió además, añade el fiscal, para el pago de dividendos, a favor fundamentalmente de González Palomo, que por esta vía reintengró en el tráfico económico unos 2,5 millones de euros en el periodo 2003-2010.
En la pieza 6 se juzga al funcionario del Ministerio de Fomento Tomás González Vila, que se enfrenta a 4 años de prisión por cohecho, y a dos responsables de empresas licitadoras -Francisco Daniel González Jiménez y Javier Muñoz Baragaño- para quienes el fiscal pide 2 años de prisión por dos delitos continuados de falsificación de documento mercantil.
Este caso se refiere a la falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados por empresas "pantalla" de Fitonovo, "facturando trabajos no realizados o imputando un coste superior al real" para obtener "un beneficio ilícito o para financiar la cantidad que se entregaba al funcionario".
Y es que, para "evitar que la adjudicación frecuente de contratos pudiera inclinar a la Administración a favor de otra empresa o generar alguna reacción por parte de otros licitantes", Fitonovo hizo participar en esos procedimientos a empresas controladas por la trama o que "eran actores de paja que cedían la adjudicación y/o ejecución del contrato a Fitonvo".
Es el caso de los acusados Muñoz Baragaño, gerente de la mercantil Imesapi y con poderes para actuar en nombre de Api Movilidad, y de González Jiménez, que obtuvieron cerca de 400.000 y 300.000 euros respectivamente de Fitonovo desde 2003 hasta 2011.
"La operativa estaba relacionada directamente con la contratación pública desarrollada" por ambas empresas, que ejecutaban grandes contratos de carreteras licitados por el Ministerio de Fomento.
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