Los delegados municipales de Servicios Sociales y Vivienda, Francisco José Salado y Joaquín Guerrero respectivamente, han ofrecido una rueda de prensa, a través de la cual han criticado “el ninguneo del Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, a las entidades locales y, en especial, a Chiclana”. En este sentido, Francisco José Salado ha puesto como ejemplo las ayudas al alquiler para colectivos vulnerables “que están volviendo a poner de manifiesto que en la Junta no creen en el municipalismo, no creen en la gestión de los recursos públicos que llevamos a cabo los ayuntamientos, en definitiva, no creen en los servicios públicos.
“Los Ayuntamientos somos la puerta de entrada de las necesidades y demandas del conjunto de la ciudadanía, somos la cara visible de la administración y estamos obligados a prestar unos servicios que garanticen el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas”, ha expresado Salado, quien ha lamentado que “parece ser que la Junta de Andalucía no tiene claro este aspecto y vuelve a prescindir de la estructura y la organización de los ayuntamientos andaluces, en este caso, con las ayudas destinadas a subvencionar el pago de alquiler para distintas tipologías de personas vulnerables”. “Así, como ya ocurriera con las famosas tarjetas monedero, donde denunciábamos y lamentábamos este ninguneo a las entidades locales, nos vemos en la obligación de hacer lo mismo en relación a estas ayudas de alquiler”, ha recalcado.
En este sentido, hay que destacar que el borrador de Orden de la propia Junta de Andalucía deja fuera de la gestión de estos fondos a las administraciones locales y empresas públicas. “En dicha Orden se rigen por principios de necesidad, eficacia, seguridad jurídica, transparencia, etcétera, pero a la Junta de Andalucía se le olvida un principio vital entre administraciones, y es el principio de lealtad institucional”, ha comentado el delegado de Servicios Sociales, quien ha reclamado a Moreno Bonilla que “replantee las bases de estas subvenciones y tengan en cuenta todas las consideraciones que se han aportado desde este ayuntamiento y su empresa pública EMSISA, para el mejor funcionamiento, control y fiscalización de estas ayudas en beneficio de todos los colectivos vulnerables a los que van dirigidas dichas subvenciones”. “El presidente de la Junta parece estar más pendiente de hacer cuentas electorales que de atender a las situaciones reales de necesidad que viven nuestros vecinos y vecinas.
“Desde este Gobierno municipal ya le adelantamos nuestro suspenso en Educación, por el recorte de líneas educativas en los centros escolares, entre otras cuestiones; Sanidad, por la falta de compromiso en la realización del futuro centro de salud de la Cucarela, por el impago del centro de salud de Los Gallos o por el despido de los miles de sanitarios que han estado en primera línea de esta pandemia y ahora los abandonan; Servicios Sociales, por la falta de compromiso con la Dependencia, o la Renta Mínima de Inserción, con resoluciones de ayudas pendientes de resolver de hace más de dos años; Empleo, por la falta de planes de empleo que sean asumibles por los ayuntamientos y dirigidos a todas las franjas de edad, pese a que en campaña prometieron más de 600.000 empleos; eh ahora en Vivienda, por la falta de lealtad institucional con este Ayuntamiento y sus vecinos, por no creer en los Servicios Públicos, por querer cerrar la puerta de entrada de las necesidades y demandas a los ciudadanos, en especial, a aquellos que están atravesando por situaciones económicas o sociales complicadas”, ha incidido.
Por su parte, Joaquín Guerrero ha especificado que “hemos realizado una serie de alegaciones a la Junta, con el objeto de que las tengan en cuenta para realizar modificaciones que beneficien tanto a las personas que soliciten estas ayudas como a los dueños de los inmuebles arrendados”. “En este sentido, nos ha sorprendido que se deje fuera a las empresas públicas, puesto que Emsisa se encarga de gestionar y tramitar este tipo de ayudas. Esto nos preocupa, porque ahora son las personas beneficiarias las que tiene que hacer esta gestión, cuando en muchos casos son personas que tienen serias necesidades y carecen de los recursos para poder solicitar las ayudas”.
Además, las ayudas se darán directamente a los beneficiarios. “Entendemos que esto es dar un paso atrás. Emsisa obtuvo y concedió el pasado año casi 165.000 euros para un total de 189 familias. Ahora estas familias deben hacer un trámite que hasta ahora hacía Emsisa y por ello creemos que deben modificar este aspecto”, ha explicado, reseñando “la generación de intranquilidad para los propietarios, porque con el procedimiento actual tienen el pago asegurado”.
“También nos surgen dudas como qué ocurre con las personas sin hogar, cómo pueden solicitar la ayuda, y si encuentran un hogar, desde cuándo cuenta, hasta cuándo se considera que una persona ha sido víctima de violencia de género, qué ocurre con las personas que han sufrido un desahucio en su vivienda habitual o qué documentación se va a tener en cuenta para tramitar estas ayudas. Estas bases plantean dudas y están incompletas y se pueden solventar y resolver, porque aún se está a tiempo y se trata de cuestiones muy importante, que conocemos del día a día en Emsisa”, ha señalado el delegado de Haciendo, destacando que “hay otras cuestiones que no quedan claras como los datos de vulnerabilidad, así como el hecho de no tener que estar empadronado en la vivienda para la que se pide la ayuda o la compatibilidad de las ayudas de la propia Junta con las del Ayuntamiento. Todas son cuestiones perfectamente modificables para beneficio de las personas que solicitan las ayudas y de los propietarios. Esperamos que estas sugerencias sean tenidas en cuentas para la concesión de unas ayudas justas”.
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