El PP de Andalucía se ha autoproclamado este martes como el partido de los ganaderos y agricultores de la comunidad y ha sostenido que ambos sectores tiene un "aliado" en el Gobierno autonómico de Juanma Moreno.
Los populares se ha expresado de esta forma ante la polémica provocada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas españolas que ha desencadenado el primer choque del año entre los socios del Gobierno y que sigue utilizando la oposición.
El PP-A ha pedido al Gobierno de Sánchez que cese su ofensiva contra el sector agroalimentario y empiece a tomar políticas a favor del mismo como la implantación de la doble tarifa eléctrica para regadíos “que ahorraría el 20 % de los costes”.
También pide la aprobación del IVA agrícola reducido al 10 % para insumos, una rebaja fiscal de los módulos del IRPF para devolver parte de la subida de los costes de producción y el desbloqueo de los fondos covid en Europa para ayudar al sector “a tener mecanismos y poder defender su actividad productiva sin injerencias" del Ejecutivo de Sánchez.
El coordinador general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha lamentado en rueda de prensa “la falta de efectividad" de las políticas del Gobierno de España ante la situación que está pasando el sector que tiene que hacer frente a una subida del 270 % de la luz y de un 73 % del gasoil, ha indicado.
“El Gobierno de Sánchez sigue machacando al campo andaluz, especialmente con su ministro Garzón, que cada vez que habla lo que pretende es hundir uno de los sectores productivos más importantes de Andalucía”, ha asegurado.
Por su parte, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP andaluz, José Carlos Álvarez, ha recordado que la reforma de la PAC planteada por el ministro Luis Planas supone una "pérdida de 100 millones" anuales para agricultores y ganaderos, por lo que ha vuelto a pedir que se modifique dicha propuesta y se presente un nuevo plan estratégico en Bruselas.
Álvarez ha pedido también la dimisión del ministro Garzón al considerar que sus opiniones y decisiones "penalizan" los intereses de España y Andalucía, y "dañan" a las 12.000 explotaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma.
Además, cree que ponen en duda el trabajo de 560 industrias cárnicas y dejan en entredicho el empleo de 24.000 trabajadores del sector.
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