La indignación en el campo andaluz es total. Y no solo por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico 'The Guardian' en las que afirmaba que desde España se exporta carne “de mala calidad” y que las macrogranjas del país contaminan “el suelo y el agua”, consideradas por el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Córdoba (Asaja), Ignacio Fernández de Mesa, como un “ataque a la credibilidad del sector”. La aprobación el pasado 28 de diciembre por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del real decreto ley de la reforma laboral tras nueve meses de negociaciones con sindicatos y patronal desató la furia.
“Nos pone a los pies de los caballos”, lamenta Fernández de Mesa, porque fija en el punto de mira una temporalidad que, en el caso del sector primario, es imprescindible.
“Cada vez se contrata menos mano de obra no cualificada porque se han mecanizado muchas de las tareas, pero es preciso contar con personal no cualificado para la siembra y la recolección”, explica.
Por lo general, para este tipo de faenas, las empresas han contratado de manera puntual a un personal que, de acuerdo a la nueva normativa impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá que ser fijos discontinuos.
Es preciso subrayar que a partir de ahora, se dispondrá de un periodo de 90 días para incorporar a plantilla a un trabajador a lo largo del año, pero este no podrá encadenar todo ese periodo de manera continuada, y, además, en el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual realizada por las empresas para llevar a cabo estas contrataciones. Por lo que el contrato temporal no será el más adecuado para las actividades agrarias.
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT se ha apresurado en advertir a las patronales agrarias que “va a poner la máxima atención en vigilar la correcta aplicación” de la nueva modalidad de contratación al objeto de acabar “de una vez por todas con los abusos y la explotación que siguen campando en el sector agrario con el pretexto de la temporalidad de las campañas agrícolas”.
De la Mesa niega cualquier “disparate” sobre las condiciones en la que trabaja la mano de obra empleada y asegura que el Gobierno solo conseguirá con esta medida encarecer costes porque “tendremos que pagar un año a fijos discontinuos que solo estarán ocupados unas semanas” y, en el caso de poner fin a la relación, los empresarios tendrán que asumir el despido.
“Nuestras lágrimas no son lágrimas de cocodrilo”, afirma, “son reales”. En la provincia en la que representa a Asaja, la patronal aceptó en primavera incrementar un 32% los sueldos en el convenio, pese a que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subió un 29,7% en los últimos tres años, y los rigores impuestos por la pandemia, que han disparado el IPC. Solo en electricidad, el recibo se ha incrementado en un 270%; la factura del combustible ha subido otro 70%, agrega.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG), por su parte, estima que las semillas son un 20% más caras; los abonos, un 150%; el agua, un 33%; los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero, un 46%.
Tanto De Mesa como COAG coinciden en denunciar que los alimentos estan encareciéndose a los consumidores, mientras que los agricultores y ganaderos siguen sin cubrir los costes. Por ello, reclaman medidas fiscales, económicas y políticas para proteger los alimentos en España.
En este sentido, reclaman controles en fontera y reciprocidad con terceros países. Las organizaciones agracrias consideran que “no es razonable, ni justo, ni estratégico, permitir la competencia desleal a través del uso de los organismos genéticamente modificados (OGM) y de todo tipo de fitosanitarios”. Los países a los que hacen referencia pueden usar productos no permitidos en la Unión Europea (UE) y, además, tienen condiciones laborales muy laxas que hacen que sean más competitivos, sendo luego esas producciones importadas a Europa.
La nueva reforma de la PAC contribuirá, según el análisis de COAG, “a crear una brecha cada vez mayor entre el campo europeo y nuestros competidores internacionales, que va a dar lugar a una deslocalización de parte de nuestra agricultura y ganadería hacia terceros países”.
No es la única amenaza que entraña la polémica reforma de la PAC. La organización agraria observa que el plan estratégico que va a aprobar el Gobierno de España es muy lesivo para el sector andaluz, porque “conlleva menos presupuesto, más burocracia y más obligaciónes”, exigiendo más a agricultores y ganaderos, “pero con menos recursos y castigando a la agricultura y ganadería más productiva”.
Por ello, además del frente abierto por Garzón y el rechazo a la reforma laboral, Asaja y COAG mantienen su pulso al Ejecutivo para que modifique de manera sustancial su propuesta para la PAC, redistribuyendo las regiones productivas para conseguir el equlibrio territoral, minimizando el impacto real y las pérdidas que de estas nuevas regiones se derivarían para miles de agricultores y ganaderos, o permitiendo cobrar más de un ecoesquema por hectárea únicamente para aquellos que tengan derechos de la PAC.
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