La rebelión de la denominada España vacía o vaciada, cuyo paradigma ha sido Teruel Existe, ha acabado provocando un debate sobre la descentralización de los organismos públicos, que abrió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que más tarde o más temprano afectará a Andalucía en general y a Sevilla en particular como sede de la mayoría de los organismos del Gobierno autónomo y sufridora de las acusaciones de centralismo (el “centralismo sevillano”) por parte de otras urbes y provincias andaluzas.
Pedro Sánchez ha planteado la necesidad de que Madrid no acumule la sede de todos los órganos del Estado. En su opinión, “la cohesión territorial requiere descentralizar la presencia institucional”, que el Estado esté presente en todos los territorios de España.
“Creo que es de justicia -expresó durante un acto celebrado en Ponferrada en vísperas del último congreso federal del PSOE- que entre todas las comunidades autónomas abramos un debate sereno, leal, pero también honesto sobre la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representen al Estado en muchísimos territorios”.
El presidente del Gobierno es partidario de que los organismos de nueva creación no se instalen en Madrid, sino en otras Autonomías. El pasado 14 de noviembre anunció la instalación en Benidorm (Alicante) de la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos. Respecto de los ya existentes y con el fin de tranquilizar a los ya alarmados funcionarios, Sánchez aboga por que se mantengan en la capital de la nación, para no alterar la vida del personal y de sus familias con traslados a otras ciudades.
Precedentes
En línea con esta política descentralizadora, Sánchez ha puesto como ejemplos el Centro de Capacidades Digitales de Renfe, instalado a mediados de 2021 en Miranda de Ebro (Burgos), y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León por desde su fundación en 2006, por decisión del “leonés” Rodríguez Zapatero. Además, ha anunciado que impulsará la reactivación de la Ciudad de la Energía (CIUDEN), también en León, y la rehabilitación del cuartel de Montela Reina, en Zamora, para potenciar la recuperación económica de estos territorios.
Recientemente, la secretaria general de Sanidad, la sevillana Silvia Cazón, se reunió con varias agrupaciones de profesionales sanitarios, a los que trasladó el proyecto del Ejecutivo de situar fuera de Madrid el futuro Centro de Salud Pública, que cuenta con una partida de 5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y cuya creación se decidió a raíz de la pandemia del coronavirus. A la misma aspira Granada.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han recogido el guante lanzado por Pedro Sánchez y han propuesto que antes de que se cree la nueva sede de la Administración Digital Integrada (ADI), prevista inicialmente en Madrid, su Departamento descentralice las nuevas unidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en provincias como Salamanca, Burgos, León y Valladolid.
Gestha explica que las nuevas ADI conforman uno de los principales proyectos del Plan Estratégico de la AEAT 2020-2023, con competencia nacional y prestando servicio no presencial, como asistentes virtuales, chats instantáneos, videollamadas, teléfono o botón de llamada en la web. Los principales beneficiarios de estos servicios son los emprendedores que inician su actividad, autónomos, pymes, arrendadores, asesores fiscales…
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “Madrid sería la comunidad más inadecuada para ubicar la nueva sede de la ADI, ya que apenas se requiere 1,7 años de antigüedad para alcanzar un destino en la capital” Por ello, estima que la nueva sede debería situarse fuera, lo que demostraría que la Administración General del Estado es una institución que vertebra y está presente en todo el territorio español.
Situación en Andalucía
El Estatuto de Autonomía estipula en su artículo 4º que la capital de Andalucía “es la ciudad de Sevilla, sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que estas instituciones puedan celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía de acuerdo con lo que establezcan, respectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley”.
El Gobierno de coalición PP-CS liderado por el popular Juanma Moreno ha aplicado en diversas ocasiones este artículo al organizar reuniones del Consejo de Gobierno lejos de Sevilla, como el primero tras su toma de posesión, que con gran carga simbólica se celebró el 26 de enero de 2019 en Antequera, y el que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ronda el 23 de febrero de 2021, en conmemoración del 28-F.
Sin embargo, sectores de provincias orientales, especialmente de Granada, no consideran suficientes estas iniciativas de Juanma Moreno y mantienen un sentimiento de agravio comparativo que proyectan contra la Junta de Andalucía y contra Sevilla como capital y sede de las principales instituciones del autogobierno.
Así, en 2020 la Asociación por la Región de Granada y los Jóvenes Granadinistas aprovecharon el XL aniversario del referéndum sobre el Estatuto de Autonomía para convocar una concentración de protesta contra el manido “centralismo sevillano”.
El letrado de la Junta y presidente de la plataforma ‘Juntos por Granada’, César Girón, mantiene que “pasamos de un Estado centralizado a otro en el que sólo importa Sevilla”.
Y en medios de comunicación pueden leerse argumentos como que “Granada está especialmente perjudicada por la acumulación de funciones del poder central que ejerce la Junta de Andalucía, en un recorte de autonomía que deja a la Administración periférica en un complejo entramado burocrático”.
El reparto de sedes
Pero cuando se repasa el organigrama oficial de la Junta de Andalucía se observa que Granada es la provincia que acoge más organismos/entidades autonómicos fuera de Sevilla, 14 en total, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Consejo Consultivo, pasando por la Escuela Andaluza de Salud Pública. La sigue Málaga, con 7, desde la Empresa Pública de Turismo (que tiene una curiosa historia de ida y vuelta) hasta la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. El resto de provincias andaluzas sólo albergan la sede de un organismo de la Junta, generalmente una agencia o fundación que gestiona un hospital.
La provincia de Sevilla, por el efecto de la capitalidad regional, es la que más funcionarios tiene de todas y cada una de las Administraciones, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política Territorial publicado en enero de 2021, y más aún, como parece lógico, de la Junta de Andalucía. Sus 74.593 empleados autonómicos suponen la cuarta parte del total de funcionarios del Gobierno andaluz. Y es la otra provincia donde más se ha protestado contra la capitalidad de Sevilla y el supuesto centralismo sevillano, Málaga, la más beneficiada por el efecto del Estado autonómico, más incluso que Granada, ya que aunque albergue la mitad de organismos regionales que aquélla es la segunda que acoge más funcionarios de la Junta después de Sevilla: 49.910, frente a los 39.287 de Granada.
Donde menos funcionarios de la Junta hay, también como expresión de la menor presencia del Gobierno regional y de sus instituciones, es en Huelva (20.198, un 6,73% de los autonómicos) y Almería (23.921, un 7,98%).
Puerta abierta
El Estatuto de Autonomía de Andalucía blinda la permanencia en Sevilla de las principales sedes de la Junta, como el Parlamento, la Presidencia del Gobierno autonómico y el Consejo de Gobierno, pero deja abierta la posibilidad a que, por ley aprobada por la Cámara de las Cinco Llagas, se establezcan sedes de otros organismos o instituciones en distintas ciudades de la región, en línea con el debate abierto por Pedro Sánchez para el conjunto de España para vertebrar aún más el territorio, extender la presencia de las instituciones y acabar con los agravios comparativos.
El pasado mes de julio, Juanma Moreno presentó la Agencia Digital de Andalucía, creada por la Junta para realizar la transformación tecnológica de las instituciones autonómicas. Se le asignarán 1.100 empleados y gestionará 300 millones de euros a partir de 2022.
De forma muy significativa, en el organigrama oficial del Gobierno andaluz su sede aparece como “pendiente de definir”. Se perfila, pues, como el primer organismo que podría radicarse fuera de Sevilla en esta nueva tendencia hacia la descentralización.
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