Cuatro patronos de la Fundación Bancaria Unicaja han presentado una impugnación contra el acuerdo del último patronato que aprobó mantener a sus cuatro representantes en el consejo de administración de Unicaja Banco (quinto banco del país y del que es su mayor accionista), una decisión contra la que entonces ya votaron en contra.
Los firmantes del escrito, es decir, Patricia Cid, Pedro Fernández, José Antonio Fernández y Pedro Vilchez, impugnan al considerar el acuerdo alcanzado el pasado 28 de diciembre, según el texto al que ha accedido EFE, "vulnerador de los derechos que como patronos ostentan y suponiendo este acuerdo perjudicial para los intereses de la propia fundación a la que pertenecen".
Esos patronos, críticos con el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, relatan que "no sólo es un derecho lo que se vulnera en este caso, sino que se incumple los más básicos criterios de gobierno corporativo que permiten a los patronos atender a sus deberes en representación leal de la fundación".
En el fondo de este asunto subyace el temor a una alteración del reparto de poder interno en Unicaja Banco tras su absorción de Liberbank (que dio lugar a un consejo con nueve representantes de la antigua Unicaja y seis de Liberbank) y si los consejeros de la Fundación Unicaja pudieran modificar la configuración resultante de la fusión de esas entidades.
Esos consejeros son criticados desde varios ámbitos de "entregar" Unicaja a representantes de la antigua Liberbank; además en 2023 el banco cambiará su modelo de gobernanza, el puesto de presidente perderá funciones ejecutivas y se decidirá si el consejero delegado, Manuel Menéndez, que ocupó ese puesto en Liberbank, continúa o no en el cargo.
Los patronos críticos, entre los que hay vinculados al PSOE y al PP, afirman que "se incumple radicalmente las obligaciones a las que se vincula al patronato y fundación respecto a los criterios a seguir en el nombramiento de representantes en la participada financiera", en referencia a Unicaja Banco.
"No cabe -continúan- argumentar urgencia en algo de máxima relevancia para la fundación, sin requerimiento por parte de Unicaja Banco del inicio del procedimiento, sin información suficiente para su preparación y deliberación y no haberse tratado en la comisión creada".
Antes de iniciar el procecidimiento judicial para ejercer la impugnación, los patronos piden a la secretaría de la fundación que considere anular la votación referida y acuerde esperar al requerimiento de Unicaja Banco, "iniciando por tanto un proceso interno de propuestas, valoración, idoneidad y debate democrático sobre las candidaturas que se presenten".
Añaden que el presidente de la fundación desatendió en el patronato del 28 de diciembre la petición formal de algunos patronos de mayor información y tiempo para tratar la renovación de consejeros "con el rigor suficiente" y no permitió votar si se aplazaba o posponía el debate o aprobación del punto "por él impuesto".
También indican que se proporcionó una "breve descripción resumida en dos páginas" de presentación de la información sobre la adecuación de los propuestos como consejeros dominicales en el banco.
Señalan que no hay requerimiento de Unicaja Banco para que la fundación propongan a sus cuatro representantes en el consejo y que esa entidad iniciará el procedimiento el próximo 15 de enero hasta culminar la elección de consejeros antes del 30 de abril de este año.
En sus alegaciones precisan que no se aportó lista de candidatos, ni su perfil, ni las razones por las cuales algunos se estimaron y otros debieron desestimarse.
Aquel patronato se celebró a la par que una concentración de protesta convocada por la plataforma ciudadana 'Salvemos Unicaja' con asistencia de cargos del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, además de representantes de los sindicatos UGT y CCOO; un colectivo que busca garantizar la vinculación territorial de Unicaja Banco a Málaga, donde tiene su sede.
Además la empresa textil Mayoral, que es uno de los accionistas significativos de Unicaja Banco a través de Indumenta Pueri SL, ha solicitado por escrito a la entidad financiera incorporarse a su consejo de administración en función del volumen de su participación; hipotética entrada que conllevaría una modificación en la actual distribución de la representación.
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