La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), en virtud de lo dispuesto en su Ley de creación, ha acordado incluir en el Plan Anual de Actuación para el ejercicio 2019 el informe denominado 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)', correspondiente a la actividad desarrollada durante el ejercicio 2018 y cuyas conclusiones aseguran que el consistorio portuense "no ha adaptado a la nueva regulación" sus convenios, "incumpliéndose el plazo de adaptación de tres años que finalizó el 2 de octubre de 2019".
Según el citado informe de la Cámara de Cuentas, recogido por Europa Press, los servicios prestados por la sociedad Puerto Santa María Global SL, en virtud de encomiendas de gestión, "no se sustentan en el adecuado instrumento jurídico dada la naturaleza contractual de las prestaciones que han originado las obligaciones económicas".
Asimismo, la CCA ha apuntado que "estos servicios se han instrumentado en varios convenios con el Ayuntamiento, y cuyas prórrogas tuvieron lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulación de los contratos del Sector Público", al tiempo que ha desvelado que "el procedimiento correcto para formalizar los encargos sería mediante la figura de los encargos a medios propios personificados".
Además, según el informe de la CCA, el Ayuntamiento no dispone en el ejercicio 2018 de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que refunda las numerosas modificaciones de los puestos de trabajo que se han sucedido a lo largo de los 26 años, que han trascurrido desde el año 1992 que fue aprobada y publicada como tal la RPT. La no existencia de un documento integrado de RPT "impide que pueda utilizarse como el referente ordenador de los RRHH de una Corporación y como punto de partida para la delimitación de las plazas y de su dotación presupuestaria en la plantilla del Ayuntamiento".
En este sentido, la Cámara de Cuentas ha detallado que entre los efectivos existentes en el Ayuntamiento hay 44 funcionarios interinos y que "en los expedientes analizados se observa que todos los nombramientos de funcionarios interinos se realizan para cubrir vacantes mientras se convoca el proceso selectivo para cubrir la correspondiente plaza".
Sin embargo, la CCA ha indicado que "no quedan adecuadamente justificadas y motivadas las razones de urgencia y necesidad que justificaron dichos nombramientos, incumpliéndose el artículo 10.1 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep)", y ha añadido que "los funcionarios interinos analizados llevan entre 11 y 13 años cubriendo dichos puestos", incumpliéndose lo establecido en el punto 4 del citado artículo 10, al no incluirse esas plazas en la Oferta de Empleo del año de su nombramiento ni en los años posteriores.
Por otra parte, en los procesos selectivos de los auxiliares administrativo "se ha utilizado una bolsa de empleo caducada, incumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, puesto que se está limitando injustificadamente las oportunidades de todos aquellos ciudadanos que en su día no participaron en las pruebas de acceso para la conformación de la bolsa de empleo".
Además del cumplimiento de la legalidad, la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha abarcado también una auditoría financiera del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que ha tenido por objeto emitir unas conclusiones, en un marco de seguridad limitada, así como proponer recomendaciones, sobre las áreas de organización y entes dependientes, el control interno, el Presupuesto General, la liquidación y la Cuenta General, las modificaciones presupuestarias, personal, el endeudamiento, los gastos e ingresos presupuestarios, la tesorería, el Remanente de Tesorería y la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Así, y como consecuencia del análisis de los procedimientos judiciales informados por los asesores legales del Ayuntamiento, la CCA ha explicado que el consistorio tiene pendiente de registro en contabilidad un pasivo por importe de 15.204.453 euros correspondiente a litigios pendientes de pago a la fecha.
Además, y por un error en el cálculo de los ajustes provenientes del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) realizado por el Ayuntamiento, la Cámara de Cuentas ha notificado que la capacidad de financiación sería de 15.131.909,41 euros, inferior en 696.713,94 euros a la calculada por el Ayuntamiento.
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