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Adiós al fútbol pirata: Movistar+ y LaLiga podrán pedir el bloqueo de IPTV a operadoras

Una sentencia del juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona da a LaLiga y a Movistar+ la autorización para solicitar a las principales operadoras españolas

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  • El Clásico. -

Una sentencia del juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona da a LaLiga y a Movistar+ la autorización para solicitar a las principales operadoras de acceso a Internet en España el bloqueo semanal de webs pirata que emitan partidos de fútbol de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

El fallo, al que ha tenido acceso Efe, estima "íntegramente" la demanda conjunta interpuesta por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital frente a Vodafone, Orange, MásMóvil, Digimobil y Telefónica España.

La sentencia, emitida el 21 de diciembre, acuerda de entrada el bloqueo, por parte de los operadores de acceso a Internet, de webs pirata identificadas por los promotores de la demanda en un plazo de 72 horas desde la notificación de la sentencia.

Movistar+ asegura en un comunicado que la sentencia permitirá el bloqueo inmediato de dominios pertenecientes a más de 40 plataformas IPTV y 'cardsharing' piratas.

Asimismo, el fallo autoriza comunicaciones por parte de LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital, indistintamente, "de forma periódica (semanal)", a los diferentes proveedores de acceso a Internet de las identificaciones de los recursos web pirata que son objeto de bloqueo para actualizar la ejecución de este acuerdo.

La sentencia también permite una monitorización, "durante un tiempo acotado (que se contabilizará por temporadas deportivas, y en concreto la temporada vigente, hasta su finalización), de esos concretos recursos web bloqueados, para identificar las modificaciones sobre sus formas de reconocerlas".

En la demanda se solicitaba autorización judicial para obtener una herramienta ágil e inmediata que permitiera luchar contra la piratería de eventos deportivos exclusivos, en línea con lo aprobado por el Parlamento Europeo, que en mayo de este año instó a los Estados miembros a habilitar medidas legales en este sentido.

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