En la jornada del 2 de diciembre, a primera hora de la tarde, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate relativo al Dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Tanto los partidos políticos firmantes del acuerdo por el que se aprobará dicho proyecto de Ley, PSOE, Podemos, PNV y ERC, como el resto de partidos no firmantes del mismo (excepto VOX), coinciden al expresar que dicha Ley ha sufrido avances con respecto al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, del que procede este proyecto de Ley (el llamado Icetazo), pero no conseguirá solucionar al cien por cien el problema de precariedad laboral en el que se encuentra el personal público en abuso de temporalidad. Resulta entendible, en base a estos argumentos, que los partidos políticos que no están de acuerdo con el texto legislativo, voten en contra del mismo o, en el mejor de los casos, se abstengan; lo que a todas luces no resulta, ni de lejos, entendible, es que aquellos políticos que si van a aprobar esta norma, se contradigan cuando se llenan la boca de alabanzas, hacia sí mismos, por el esfuerzo realizado en confeccionar una Ley que anuncia la estabilización del personal público temporal, y al mismo tiempo, afirmen que esa estabilización, sólo servirá para una parte del colectivo afectado.
La norma que pretende aprobar el Gobierno de la Nación, creará más inseguridad jurídica, a la ya existente, al conjunto de trabajadoras y trabajadores de las Administraciones Públicas que han venido trabajando, en régimen de temporalidad, durante los últimos años, en muchos casos, 20 o incluso más años. Por mucho que PSOE y Podemos presuman de haber articulado una Ley que viene a resolver el problema de estabilidad de estas personas trabajadoras, y poner punto y final a la temporalidad en la Administración Pública, no conseguirá dichos objetivos, aumentando la litigiosidad por el aumento de las denuncias que llevarán a cabo.
Desde Asepat, seguiremos vigilantes al trámite parlamentario de la norma, y llevaremos a cabo, cuantas acciones sean necesarias, en defensa del personal público en abuso de temporalidad, al que representa y defiende, no descartando la interposición de denuncias por vía penal.
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