El servicio de abastecimiento de aguas de Fuengirola lleva "más de tres años fuera de la ley" y "está proporcionando a la empresa concesionaria, Gestagua, millones de euros de beneficios de manera irregular, en contra de los intereses de los fuengiroleños”. Así lo ha denunciado el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Javier Toro, que ha exigido al equipo de Gobierno que “ponga fin de una vez por todas a la situación de ilegalidad”.
Desde Cs argumentan que el contrato que une al Consistorio con la empresa Gestagua, firmado en 1992, finalizó su vigencia en 2007, pero "por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, presidida entonces por Esperanza Oña, se prorrogó durante diez años más, estableciéndose el 30 de septiembre de 2017 como la fecha para la extinción automática y “sin necesidad de preaviso”.
Argumenta la formación que "la Ley de Contratos del Sector Público otorga la posibilidad de establecer una prórroga “hasta que comience la ejecución del nuevo contrato”, y en todo caso “por un periodo máximo de nueve meses”, por lo que desde el 30 de junio de 2018 se encuentra “en una situación de manifiesta ilegalidad” y ya casi se ha duplicado el periodo inicial de la concesión, tal y como ha avisado Toro.
Una suerte de contrato vitalicio
"El Ayuntamiento parece haber otorgado una suerte de contrato vitalicio que sólo tiene como beneficiario a una empresa privada, Gestagua, que obtuvo un contrato para 15 años y que lleva ya 29 años teniendo el servicio en sus manos”, critica el portavoz municipal de Cs, que considera que el equipo de Gobierno está renunciando, “sin justificación alguna”, a la posibilidad de obtener un canon “más beneficioso” para las arcas municipales y a la realización de inversiones para la mejora y modernización de las infraestructuras y la red de saneamiento, lo que “va en contra de los intereses” de los vecinos.
Todro plantea que “o esto es un desastre de gestión o aquí hay algún interés que no nos han contado, o ambas cosas, porque no hay justificación razonable posible para que cuatro años después de que expirara un contrato ya prorrogado, el PP no haya sido capaz de sacar a licitación el servicio”, ha razonado el portavoz de la formación liberal.
Asimismo, recuerdan desde la formación naranja que ya en 2017 el equipo de Gobierno puso en marcha un polémico procedimiento de licitación por un periodo de 25 años, pero las alegaciones de Cs y otros partidos y los reparos puestos por la Secretaría y la Intervención del Consistorio dieron al traste con el plan, y desde entonces el equipo de Gobierno de Ana Mula no ha dado ningún paso para poner fin a esta situación irregular.
Por último, esgrime Toro que "de acuerdo con un estudio encargado por el propio Ayuntamiento para preparar ese contrato que nunca se licitó, la empresa concesionaria tenía en 2015 una facturación de 8 millones de euros anuales y pagaba al Consistorio un canon de 1,6 millones, pero desde entonces la población censada de Fuengirola ha crecido un 7% y también se ha elevado el número de viviendas, por lo que los beneficios que obtienen tienen que ser aún mayores”.
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