La defensa del comisario José Villarejo ha denunciado este lunes que nunca tendrá un "juicio justo" después de que miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, hayan hecho declaraciones públicas en contra de su cliente, algo que, ha subrayado, quebrantan su presunción de inocencia.
El abogado José Antonio García Cabrera considera que el primer juicio del caso Tándem, en el que Villarejo se enfrenta a una petición fiscal de más de un centenar de años de prisión por tres presuntos encargos de espionaje, es el "más paradigmático que ha existido en democracia".
La razón, según ha señalado a lo largo de las casi cuatro horas de exposición de cuestiones previas en la Audiencia Nacional, es la "campaña verdaderamente demoledora" que ha sufrido al ser calificado de "filtrador, chantajista y corrupto", una consideración "que ha sido avalada por los principales responsables del Estado".
El abogado de Villarejo ha acusado a algunos miembros del Ejecutivo como el presidente, Pedro Sánchez; y los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente; además de la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de hacer declaraciones públicas en contra de su defendido.
Entre ellas ha mencionado una intervención de Pedro Sánchez en la sede de la ONU en Nueva York hace tres años, en la que, ha subrayado el letrado, tildó a Villarejo de "corrupto y chantajista". Según el abogado, "debería haberse abstenido", y ha añadido que "el Estado tiene mecanismos para conocer que esas declaraciones no podían haberse realizado".
Se refiere concretamente a una conferencia de prensa del 26 de septiembre de 2018 donde Sánchez respaldó a la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras difundirse informaciones que la vinculaban con Villarejo, y señaló que el Gobierno no aceptará "chantajes" ni "amenazas" y que seguirá gobernando porque no le "va a marcar la agenda política un corrupto".
Aparte de las sucesivas peticiones de nulidad de la causa, la defensa de Villarejo también ha solicitado la expulsión de Podemos como acusación popular ante las sospechas de que ha hecho una "utilización política de esta causa" para "obtener ventajas electorales", una reclamación que han efectuado hasta seis acusados, entre ellos su mujer, Gemma Alcalá.
El letrado ha comentado las relaciones que trascendieron entre abogados de Podemos y fiscales del caso Tándem al publicarse un chat del equipo jurídico de la formación en el que se hablaba del llamado caso Dina.
"Que la Fiscalía pueda tener ciertas relaciones con una acusación popular que es un partido político cuando hay otros partidos políticos implicados" es una cuestión que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, ha dicho el abogado, y ha lamentado que se les haya "cercenado" la posibilidad de analizar esas relaciones.
El letrado ha acusado a la Fiscalía de actuar de forma ilegal ordenando detenciones y diligencias, y ha recordado que cuando el juez instructor solicitó al Tribunal Supremo la imputación del líder de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina, el magistrado observó que podía existir un interés político de la formación morada.
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