La coordinadora general de Más País, Esperanza Gómez, ha vuelto a destapar la caja de los truenos tras anunciar la presentación en el Congreso de una pregunta en la que reclama al Gobierno medidas contra la situación de “neoesclavitud” que sufren en el campo andaluz los trabajadores extranjeros. La formación de Íñigo Errejón secunda de esta manera la tesis de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien hace un año y medio remitió una instrucción a los inspectores de trabajo de las jefaturas provinciales para las campañas agrícolas de los meses de mayo y junio, cuyo objetivo es detectar supuestos “que van más allá de las infracciones administrativas y constituyan ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre”, e incluso contemplaba visitas conjuntas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Entonces, el Gobierno andaluz, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía emitieron un comunicado al que se adhirieron las organizaciones empresariales Interfresa, Coexphal, Ecohal y Freshuelva en el que expresaban su malestar por la campaña porque “se estigmatiza y extrapola una imagen errónea del sector”.
Esperanza Gómez, sin embargo, sostiene ahora que el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) ha denunciado la falta de recursos que “fuerzan, cada vez a más gente a aceptar” condiciones laborales extremas, así como que se alerta de que los delitos de explotación sexual y laboral aumentarán hasta un 200% a finales de año respecto a 2019. Por lo que reclama reforzar los controles. En el primer año de intensificación, se detectó fraude laboral en una de cada tres inspecciones llevadas a cabo en el conjunto de España. Las ONG ponen el acento, por su parte, en los asentamientos de Almería y Huelva; la patronal, en cambio, sostiene que las contrataciones son escrupulosas.
“Los asentamientos están peor ahora que hace seis meses”
A mediados del mes de abril, el Ayuntamiento de Lepe presentó al Gobierno central, la Junta, la Diputación Provincial y la Oficina del Defensor del Pueblo en Andalucía, el Plan Integral de Erradicación del Chabolismo para dar una solución habitacional a los aproximadamente 800 temporeros inmigrantes, con y sin papeles, que el propio Consistorio tiene censados y repartidos en una decena de asentamientos. Seis meses después, la situación es peor, según Carmen Vásquez, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Huelva. Sin luz, ni agua corriente, las condiciones en las que viven son lamentables. Las mujeres sufren abusos, enferman, y no se les presta la debida atención.
En la provincia, ha habido que lamentar recientemente sucesos como el incendio en Palos de la Frontera, que dejó en la calle a 180 inmigrantes que se resguardaban en sus infraviviendas y causó heridas leves en siete de ellas. Unos días después, el fuego que arrasó una parte del asentamiento de El Bosque, en Lucena del Puerto, acabó con la vida de otros dos trabajadores.
“Es un asunto complejo”, admite Vázquez. El problema principal es que toda la mano de obra necesaria no es contratada en origen de terceros países, que en ese caso tienen todas las garantías laborales e incluso se les proporciona un lugar donde vivir. Sin embargo, hay centenares de personas, en o sin situación regular en España, instaladas en estos asentamientos a la espera de que el manijero acuda al poblado en busca peones a los que incorpora al margen de la legalidad.
En la línea de la denuncia de Más País Andalucía, es partidaria de que se incrementen las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo para evitar los abusos de manera reiterada. Por otro lado, plantea la necesidad de llevar a cabo campañas de empadronamiento para garantizar el acceso a servicios básicos. Alba Rudolph, representante de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci), reclama igualmente reformar la Ley de Extranjería, que obliga a permanecer en situación de no documentación durante un mínimo de tres años y exige para regularizar un puesto de trabajo de al menos un año de duración. De manera que la normativa impide, por un lado, el acceso al mercado laboral y, por otro, imposibilita, sin papeles ni nómina, a que los temporeros en situación irregular, puedan alquilar una vivienda.
“La contratación sin alta no es una práctica extendida en el sector”
COAG sostiene que, según datos del propio Ministerio de Trabajo, durante el año pasado, en el 99,4% de las inspecciones laborales realizadas el campo no se detectó ningún tipo de incumplimiento de la normativa vigente. “Somos los primeros interesados en que haya tolerancia cero con las irregularidades en materia de contratación”, apuntaba Eduardo López, responsable del Área de Relaciones Laborales de la organización, en julio pasado, durante la presentación de una campaña de información y sensibilización sobre las buenas prácticas laborales en el sector agrario.
“Contratar sin alta no es una práctica extendida”, asegura al respecto Fernando Rodríguez, responsable de Freshuelva, quien reconoce que existe un problema con los asentamientos, pero remarca que son las administraciones públicas las que tienen que buscar una solución. Los 93 asociados a Freshuelva también asumen su cuota de responsabilidad, respetando escrupulosamente la legislación laboral, facilitando alojamiento a la mano de obra que incorporan las explotaciones durante la cosecha y ofreciendo servicios de mediación e integración.
Pero Freshhuelva, que ha suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentra el fomento del empleo digno, ha reforzado su compromiso social con la firma de un convenio con la asociación Voluntarios por otro Mundo, que en 2020, permitió que se incorporaran a las cuadrillas de temporeros jóvenes inmigrantes extutelados. “Es una buena manera de facilitar la integración de estos muchachos y resulta rentable”, explica Fernández.
El año pasado, la oferta del SEPE quedó prácticamente desierta. Estos jóvenes optan, en definitiva, por puestos de difícil cobertura, y consiguen estabilidad. Tanto Voluntarios por otro Mundo como Freshuelva velaron por el cumplimiento del convenio del sector y los protocolos contra el contagio por coronavirus, así como la calidad del alojamiento que se les ofreció.
E incluso se puso a disposición de los chicos una intermediadora cultural para abordar el Ramadán, que se celebró en plena temporada. A su vez, los seleccionados fueron sometidos a controles de tóxicos y Covid. El resultado fue tan satisfactorio que este mismo mes de noviembre las entidades renovarán el compromiso contando en esta ocasión con financiación por parte del Gobierno, lo que permitirá ampliar objetivos.
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