El Gobierno está ultimando la creación de una Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad en el marco de los esfuerzos para hacer frente a los casos de malos tratos de detenidos por parte de los efectivos de dichos cuerpos.
Así consta en el informe de respuesta remitido por el Gobierno a las recomendaciones que le ha hecho llegar el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa tras la visita que realizó a España en septiembre de 2020, al que ha tenido acceso Europa Press.
En él, la delegación del CPT que realizó la visita señala que aunque la mayoría de los detenidos con los que hablaron dijeron "haber sido tratadas correctamente por los agentes de la ley", también recibió "un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional".
Dichos malos tratos "se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido", explica el informe, que también habla de "algunas denuncias de abusos verbales" en particular hacia extranjeros y "de esposas excesivamente apretadas".
CONTUNDENCIA DE INTERIOR, POLICÍA Y GUARDIA CIVIL
En este sentido, el CPT recomienda que el ministro del Interior y los jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil "transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes".
Además, reclama que las autoridades competentes garanticen "una investigación efectiva de cada denuncia de malos tratos y que los oficiales superiores rindan cuentas de sus responsabilidades de dirección".
En su respuesta, el Gobierno reivindica que "el Ministerio del Interior mantiene una vigilancia estrecha y permanente en esta materia,
articulándose y difundiéndose a través de múltiples y diversas vías", lo que incluyen "acciones formativas" tanto para el ingreso como en el marco de la "actualización de conocimientos, promoción profesional, especialización y altos estudios".
La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS) del Ministerio del Interior, explica el Ejecutivo, se encarga de dar seguimiento a las denuncias contra policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, las cuales activan "automáticamente una investigación y seguimiento, garantizando todas las previsiones
normativas, bien a través del ámbito penal como disciplinario".
El Gobierno esgrime que también se investigan "comportamientos que, sin ser penalmente relevantes, pudieran afectar a la calidad del
servicio que prestan los cuerpos policiales".
Asimismo, añade, "se están trabajando, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, a fin de constituir la que se denominará Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)".
GRABACIONES DURANTE 30 HORAS
Por otra parte, el CPT ha recomendado que se garantice que "todas las
comisarías de policía del país estén obligadas a almacenar todas sus grabaciones de CCTV durante un mínimo de 30 días para garantizar que cualquier denuncia de malos tratos" pueda ser "desestimada o
investigada con mayor profundidad".
A este respecto, el Gobierno esgrime que ya existe una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que prevé que "las grabaciones
serán conservadas durante treinta días a partir de su captación" si bien aclara que dicha medida "no será de aplicación en aquellas instalaciones que carezcan de disponibilidad técnica para su conservación durante dicho plazo, hasta que no se disponga de la asignación presupuestaria necesaria para su ampliación o renovación".
En línea con esta recomendación, el CPT también plantea que se proceda a grabar, mediante audio o "preferiblemente vídeo", "todos los interrogatorios policiales".
También en este tema el Ejecutivo se remite a la citada instrucción de 2018 de la Secretaría de Estado, la cual establece que las áreas de custodia de detenidos "dispondrán de sistemas de videovigilancia y grabación, que permitan el visionado en las condiciones de luz de sus
dependencias". En todo caso, puntualiza, "las grabaciones deben realizarse siguiendo las instrucciones de la autoridad judicial".
USO DE CÁMARAS CORPORALES
Asimismo, el CPT pide al Gobierno su opinión respecto al uso de cámaras de vídeo corporales por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad, sobre todo en caso de "incidente", incidiendo en que la experiencia de otros países demuestra que las mismas suponen "una salvaguardia adicional contra el abuso por parte de los funcionarios, así como una protección contra las acusaciones infundadas de malos tratos".
El Ministerio del Interior dice no disponer de información sobre las experiencias de otros países y aclara que en el caso de España la valoración sobre su incorporación a los procedimientos policiales "debe ser fruto de un profundo análisis respecto de su compatibilidad con el actual marco normativo sobre utilización de videocámaras móviles y el tratamiento de las grabaciones desde la perspectiva de normativa de protección de datos de carácter personal".
En este sentido, advierte de que "el empleo de cámaras y la grabación sistemática no parece compatible con las finalidades y criterios del vigente marco normativo" en España, remitiéndose a la Ley de Protección de Datos Personales de mayo pasado y en concreto a su artículo 17.
Dicho artículo "establece la regulación de la captación de imágenes por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por medio de dispositivos móviles estableciendo un régimen de autorización condicionado a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización de dichos dispositivos a los principios de tratamiento y al de proporcionalidad".
Así, prohíbe que "estas autorizaciones puedan concederse en ningún caso con carácter indefinido o permanente, siendo otorgadas por el plazo adecuado a la naturaleza y las circunstancias derivadas del peligro o evento concreto, por un periodo máximo de un mes prorrogable por otro", explica el Gobierno.
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