El accidente que el pasado 11 de julio le costó la vida al agente y observador aéreo de Aduanas José Luis Domínguez Iborra supuso, además de una tragedia personal y familiar y una pérdida irreparable para el cuerpo, frustrar los planes del Gobierno de aumentar la flota aérea a nivel estatal.
Fuentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) consultadas por VIVA dieron cuenta de que, ya en el momento de producirse el siniestro, estaba “en construcción” una nueva aeronave, con la que se pretendía incrementar hasta seis el número de helicópteros entonces disponibles a nivel nacional, y cuya puesta en servicio se espera “para primavera”.
Sin embargo, la pérdida de la unidad aérea operativa en aquel desgraciado suceso supone, según las citadas fuentes, que el nuevo helicóptero únicamente sirva para restituir el número de aeronaves, cubriendo la merma actual en el servicio, dado que hasta el momento no se tiene constancia de que se vaya a encargar ninguna otra ni hay presupuesto al respecto.
El Grupo Popular, a través de sus diputados Andrés Lorite y Carolina España han presentado una batería de preguntas con solicitud de respuesta escrita al Gobierno para conocer si “según ha transcendido, la operatividad de Vigilancia Aduanera ha caído por falta de helicópteros”.
El PP abunda en sus preguntas y cuestiona al Gobierno sobre si “se habría agravado el servicio” tras el accidente en el Estrecho, en un documento presentado en el Congreso el pasado 13 de octubre.
De igual modo, los diputados populares piden conocer los incumplimientos del pliego en los que ha incurrido la empresa adjudicataria de la gestión y mantenimiento de la flota, Eliance.
En el mismo sentido, se formularon varias preguntas parlamentarias el pasado mes de julio, en este caso, por Vox, que apuntaba a “un largo historial de trampas en los concursos públicos” por parte de Eliance.
En la respuesta del Gobierno se explica que el contrato inició su ejecución el 13 de marzo y que “a partir de esa fecha fue necesaria la realización de numerosas tareas derivadas del cambio de operador”.
El diputado Jon Iñarritu, del GEH Bildu, ya trasladó el pasado 21 de septiembre una pregunta al Gobierno con petición de respuesta escrita para conocer el “motivo del accidente del helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera que cayó al mar el 11/07/2021 durante una persecución con narcotraficantes en el estrecho de Gibraltar, cerca de Sotogrande, en San Roque”.
Algeciras, siempre cubierta
Tal y como plantea el Partido Popular en su pregunta parlamentaria, el accidente del helicóptero en julio mermó la capacidad de respuesta aérea del SVA a nivel nacional, pero nunca bajó la operatividad en la base de Algeciras, según señalaron fuentes de Aduanas.
El hecho de que el Estrecho de Gibraltar sea una zona caliente en materia de narcotráfico y contrabando justifica, indicaron las fuentes, que desde el primer momento se haya garantizado que, pese a contar con cuatro en lugar de cinco helicópteros, siempre hubiese “uno disponible y en la base” para Algeciras, incluso cuando ello ha podido suponer dejar temporalmente sin servicio aéreo otra zona.
Como muestra de esta situación prioritaria, en una respuesta parlamentaria por escrito ofrecida por el Gobierno a una pregunta de Vox sobre la adjudicación, a Eliance, de la gestión y mantenimiento de los helicópteros del SVA, explica que “a pesar de la complejidad de las tareas, complejidad que está presente en cualquier transferencia de flota por un cambio de operador, el 3 de abril estuvo operativa la base de Algeciras, la más importante por su singular situación y actividad y el 6 de abril la base de Almería.
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