La investigación fue ordenada por el Juzgado mixto 3 de Chiclana a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Las personas encartadas en las diligencias policiales son J.P.S., arquitecto superior, por un delito de falsedad documental; M.M.A., promotora, por delitos contra la ordenación del territorio y los constructores-promotores A.R.G. y M.G.G., por sendos delitos urbanísticos.
Las viviendas unifamiliares fueron edificadas en una parcela de unos 4.500 metros cuadrados, aproximadamente, en el Pago Carrascal que fue fragmentada en cuatro partes iguales separadas con un muro de obra.
En las cuatro parcelas existen viviendas unifamiliares totalmente terminadas, tres de ellas con piscina y todas con evidencias de habitabilidad. Todo ello, se ha realizado en suelo clasificado como “suelo no urbanizable”, es decir suelo rústico en el que se precisa licencia municipal de obras, con la particularidad de que ninguna de ellas la poseía.
Al tratarse de una infracción administrativa urbanística, la policía recabó un informe del Ayuntamiento de Chiclana, gracias al cual se pudo determinar que en todas las viviendas se había incoado el correspondiente expediente sancionador. A pesar de todo, los constructores, obviando la legalidad urbanística, terminaron las construcciones.
Uno de los elementos de prueba empleado por los investigadores de Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucíal han sido las ortofotografías de los años 2000-2001, 2005 y 2008, correspondientes a la finca investigada, cuyas imágenes fueron incluidas en el atestado policial.
En las imágenes de la zona se evidencia la evolución cronológica de las construcciones mediante el cotejo de las mismas.
Los funcionarios policiales han comprobado que para el acto de división el arquitecto superior J.P.S. presentó documento en el año 2004 en el que certificaba que en la finca en cuestión se encuentran cuatro edificaciones con cinco años de antigüedad, destinadas a viviendas unifamiliares de una planta sobre rasante.
Esta aseveración ha quedado desvirtuada tras la comparación de las ortoimágenes aludidas, los testimonios de los anteriores propietarios y según se desprende del contenido los documentos investigados notariales y registrales de Declaración de Obra Nueva y División Vertical consultados por los investigadores del caso.
La ciudad de Chiclana cierra así otro caso de ilegalidad urbanística en su término municipal, tras el sonado derribo, esta misma semana, de diez viviendas en la calle Reina Isabel de Portugal, ubicadas en la zona conocida como Majadillas Bajas de la localidad.
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