El alcalde de Estepona y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José María García Urbano, ha mostrado su rechazo a la Ley de Vivienda presentada por el Gobierno central y ha anunciado que en Estepona no se aplicará la penalización fiscal para las casas vacías, mediante el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que puede alcanzar hasta un recargo del 150%, según se contempla en esta propuesta estatal.
Así, ha defendido que “el derecho a la propiedad privada no se puede vulnerar y debe prevalecer sobre esta invasión e intervención estatal”. Asimismo, se ha referido a “la falta de acuerdo y consenso” de esta norma y ha reprochado que el Gobierno central actúa, una vez más, “de espaldas a los ayuntamientos”.
Sobre este asunto, se ha referido a que el equipo de gobierno local ha desarrollado en Estepona, esta última década, una política para reducir impuestos, con una disminución acumulada que supera el 20% en el recibo del IBI. Además, ha impulsado proyectos para la construcción de vivienda protegida, así como ayudas para los colectivos más vulnerables.
Asimismo, en materia de vivienda, García Urbano ha recordado que en la última junta de gobierno de la FEMP propuso que la federación lidere un movimiento para desjudicializar los asuntos relativos al fenómeno “okupa”. De esta forma, ofreció al Gobierno central la colaboración de los ayuntamientos para fijar mecanismos que agilicen y resuelvan este problema en favor de los vecinos.
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