El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado de la concejal de Hábitat Urbano e Infraestructura del Ayuntamiento de Huelva, Esther Cumbrera, ha visitado este martes el cementerio de La Soledad para supervisar el inicio de los trabajos enmarcados en el 'Plan de Recuperación de Memoria Democrática' de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Un proyecto subvencionado con 18.000 euros que se centrará en la delimitación e investigación de las fosas comunes provenientes de la Guerra Civil y la Dictadura, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.
Con este proyecto, aprobado y subvencionado por la FEMP, "se reconoce el compromiso del Ayuntamiento de Huelva en su empeño por llevar a cabo unos trabajos por la concordia, la unidad, el respeto y la dignidad de los ciudadanos, que en ningún caso pretenden revisar la historia, pero sí reconocerla", ha apuntado el alcalde.
Asimismo, el regidor ha explicado que esto "responde a la vocación de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y a la obligación moral de todas las administraciones de contribuir a pasar página desde la dignidad de aquellos que la perdieron, porque no se les reconoció y se les cerró la oportunidad de reclamar el derecho a la justicia".
En concreto, la actuación onubense se centra en la investigación histórica y documental, mediante el desarrollo de catas, de las fosas comunes existentes en el cementerio municipal, con el objetivo de delimitar su superficie y conocer la forma en que los cuerpos fueron enterrados, en cuanto a su disposición y proceder. Se esperan encontrar más de 1.500 cuerpos de represaliados.
En este sentido, el arqueólogo responsable de la intervención, Jesús Román, ha explicado que pretenden delimitar la fosa, "para saber el tamaño que tiene y cómo se encuentran los restos, mediante sondeos perimetrales y centrales que permitan distinguir entre los enterramientos fruto de la aplicación del bando de guerra, en el verano del 36, de otros realizados con posterioridad, en este espacio que ha sido reutilizado a lo largo de los años, para conocer la verdad de la documentación existente en relación a los represaliados".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH), Fernando Pineda, ha calificado el inicio de los trabajos "de momento histórico", porque "se trata de empezar a investigar uno de los cementerios que más asesinados acoge, aunque queda mucho trabajo por delante porque las exhumaciones y pruebas de ADN van a ser fundamentales para poder identificar los cuerpos".
El proyecto en marcha da continuidad y refuerza los trabajos ya realizados para la delimitación y exhumación de la fosa con los restos de Pedro Masera Polo, sometido a Consejo de Guerra por las autoridades golpistas y condenado a muerte, siendo ejecutado en Huelva el 10 de febrero de 1938 e inhumado su cadáver en el cementerio de la Soledad. Una actuación iniciada en 2016, que conllevó una primera intervención en 2017 con medios fundamentalmente municipales y reforzada este mismo año desde distintas vertientes.
Con este proyecto, Huelva se incluye en la relación de los 92 ayuntamientos españoles cuyas propuestas de actuaciones en esta materia fueron aprobadas en la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias, con previsiones estimadas de recuperación de casi 4.000 restos, que cuentan con una subvención de 750.000 euros del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, gestionados por la FEMP.
A través de su Plan de Memoria Democrática, la FEMP financiará con 750.000 euros las actuaciones destinadas a la recuperación de la memoria democrática propuestas por 92 municipios.
La subvención, procedente del presupuesto de gastos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, queda recogida en el Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre. Su utilización permitirá la exhumación restos de personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y el franquismo, así como otras actuaciones de investigación, localización e identificación de víctimas en municipios de 25 provincias de 12 comunidades autónomas.
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