El Gobierno andaluz ha admitido que "ninguna" de las ayudas relacionadas con los ERE irregulares y a empresas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tal y como es obligatorio por ley, según ha denunciado hoy el PP-A.

La denuncia de los populares se sustenta en parte de la documentación que la Junta ha remitido a este partido para preparar los interrogatorios de la comisión de investigación parlamentaria que comenzará el 21 de agosto en la Cámara autonómica.

En su petición de documentación, el PP-A reclamó al Gobierno andaluz que precisara las fechas de publicación de cada una de las ayudas relacionadas con los expedientes de regulación de empleo irregulares o ayudas a empresas dentro de la partida 31L, el denominado "fondo de reptiles".

En el informe remitido por la Consejería de Economía, Innovación y Empleo la Junta asegura: "No es posible atender a la petición al no existir constancia de dichas publicaciones".

En rueda de prensa, el coordinador de Economía y Hacienda del PP y miembro de la comisión de investigación, Rafael Carmona, ha denunciado que los documentos supone el "reconocimiento" de la Junta que el procedimiento de concesión de ayudas fue "ilegal y con absoluto desprecio" a la ley y el derecho.

"Todo el procedimiento ha sido ilegal y para repartir dinero de manera discrecional a amigos y satélites del PSOE de Andalucía", ha denunciado.

Carmona ha detallado, además, que la Junta ha entregado expedientes de revisión de oficio de 93 empresas que recibieron ayudas de la partida 31L a las que se le reclaman 48 millones por tratarse de ayudas "ilegales y fraudulentas".

De las 93 entidades, 88 se encuentran en trámite de revisión, cuatro han sido "declaradas nulas" por la Junta y una quedó anulada por sentencia judicial, ha explicado el dirigente del PP, que ha criticado que "no se diga si es posible recuperar el dinero".

Las cuatro declaraciones de nulidad de la Junta tienen fecha de 24 de julio de 2012, es decir hace 24 días, ha precisado Carmona, que ha sostenido que esta situación pone de manifiesto que "no hay interés" por parte del Ejecutivo andaluz en recuperar el dinero.

Según el PP, las ayudas a las empresas concedidas "ilegalmente" oscilan entre los 30.000 euros y 1,2 millones, y se otorgaron mayoritariamente a entidades de la Sierra Norte de Sevilla, pero también a otras de las provincias de Córdoba y Cádiz.

"Si la Junta dice que son nulas se vuelve a confirmar que no hubo procedimiento legal, ni control y que son nulas de pleno derecho al que se despreció con todas estas partidas y ayudas", ha recalcado.

Ha esgrimido que la "trama" no se queda en las ayudas a la Sierra Norte o a los "amigos" del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, y se ha mostrado convencido de que alcanza al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Tras aclarar estos extremos de la documentación recibida, los populares han denunciado también la actitud del presidente de la comisión parlamentaria, Ignacio García (IU), al que han acusado de "connivencia" con el PSOE para que "no se sepa la verdad".

El PP-A y sus comisionados esgrimen que no hay comunicación, ni se sabe si se han cursado y están confirmadas las asistencias de los 25 declarantes por el "hermetismo" de García que está "abusando" de sus competencias.

"La comisión está muerta porque el PSOE e IU persiguen que no se sepa la verdad del desfalco de más de 700 millones que se convertirán en 1.500. Ignacio García está favoreciendo que no se investigue", ha señalado Rafael Carmona.