Cuando se presentó en sociedad, hace ahora justo dos años, la Junta de Andalucía definió el Portal de la Transparencia como el instrumento ideal para abrir las ventanas de la Administración autonómica y airear hasta el último detalle de “lo que se hace con cada céntimo de dinero público”. La definición la aportó el entonces vicepresidente en funciones Manuel Jiménez Barrios, convencido de que el estreno de la web en la que a diario se vuelcan miles de datos obligaba a “un cambio de cultura sin marcha atrás”. Avances ha habido, pero entre las lagunas que sus detractores le siguen reprochando al portal figura que enmascare u oculte información sobre la red que escapa al tronco principal de la Junta, la “Administración paralela” de la que recela la oposición y de la que cuelgan agencias, consorcios y un auténtico enjambre de entes públicos.
Uno de los grandes misterios continúa siendo el de las plantillas adscritas a organismos ajenos a las consejerías. Los sindicatos y el Partido Popular han denunciado hasta la saciedad durante la última década que el PSOE utilizó la puerta trasera de la Administración paralela para colar a miles de adeptos a la causa del partido (hay quien maneja la cifra de 25.000, que otras fuentes elevan hasta los 30.000) en los últimos tiempos de gobierno de Manuel Chaves y en la etapa de José Antonio Griñán. Personal cualificado, o no, que no habría superado ningún proceso de selección u oposición porque la naturaleza jurídica de esos entes no está sujeta a criterios tan rígidos como el de las consejerías. Desde el PP nunca se ha tenido empacho en hablar de “enchufismo”.
Como el Portal de la Transparencia no informa de cuántos hay en nómina en agencias y el resto del entramado paralelo, la cifra de eventuales y de personal de asesoramiento con la que en teoría cuenta la Junta de Andalucía es escuálida. Según la propia web, se limita tan sólo a 237 efectivos. El balance es así de raquítico porque en la mayoría de los casos limita esos efectivos al personal adscrito a los gabinetes de los consejeros, con un promedio de siete (jefe de Gabinete, asesores y técnicos). Es el esquema que se repite en hasta ocho consejerías (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Agricultura; Justicia e Interior; Turismo; Fomento y Vivienda; Empleo, Empresa y Comercio; Educación y Hacienda). En el resto hay variaciones: desde Economía y Conocimiento, que cuenta en teoría sólo con seis asesores, hasta los 110 adscritos a Presidencia.
En el departamento de Jiménez Barrios la nómina se dispara porque bajo su paraguas cobija desde a las delegaciones de la Junta en cada provincia hasta a la Oficina del Portavoz, Protocolo y el Comisionado del Polígono Sur de Sevilla. Igualdad cuenta con 9 asesores oficiales; Cultura, con ocho y Salud, con 16. El resto se distribuyen entre el Consejo Consultivo y el Audiovisual, cuatro cada uno, los diez del Instituto Andaluz de la Juventud y los 14 del Instituto Andaluz de la Mujer.
¿Y el resto?
El Portal de la Transparencia tan sólo detalla efectivos eventuales en las consejerías, con sus correspondientes retribuciones (51.124,54 euros un jefe de Gabinete, 43.581,06 un asesor y 39.400,66 un técnico). Del resto de personal encuadrado en agencia administrativas, empresas públicas o entes de cualquier tipo no hay datos. De hecho en la distribución de puestos de ese laberinto paralelo sólo aparece desglosado el personal funcionario, el que ha ganado su plaza por oposición y del que por lo tanto hay poco que ocultar. Ahí sí hay relación de puestos, categoría laboral y efectivos. El resto, misterio.
Lo que se oyó de boca de Díaz...
Hubo una frase en el discurso con el que Susana Díaz anunció su candidatura en Madrid el 26 de marzo que desató muecas entre su personal. Al denunciar las carencias laborales que arrastra el país abogó por “acabar con los falsos autónomos”. Paradoja: la Junta alimentó esa figura en la última década para nutrir a su Administración paralela, lo que le ha costado un goteo de condenas e indemnizaciones.
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